Este hecho se suma al acontecido en el pasado mes de diciembre en Maó, cuando dos activistas de la Protectora de Animales de Mahón entraron en el domicilio particular de un cazador para hacer fotos de sus perros y denunciar un supuesto mal trato.
Pedro Bestard, presidente de la Federación, señala que “estos hechos son un intento más de condenar y demonizar a nuestro colectivo, que desde hace algún tiempo viene sufriendo una especie de condena social por parte de aquellos que no comparten nuestros valores. Condena social que anima y justifica que sucedan hechos como estos”.
Bestard subraya que “no necesitamos que todo el mundo comparta nuestros valores, los cazadores tampoco compartimos los de otros colectivos, pero sí exigimos que se nos respete y defenderemos nuestros derechos donde sea ante quien sea, sin descanso. No hacemos nada ilegal y no estamos dispuestos a ir por el mundo pidiendo perdón por el mero hecho de ser cazadores, ni aceptaremos ninguna superioridad moral de ningún colectivo”.
Además, añade, “en el caso de que algún cazador cometa ilegalidades y nosotros tengamos constancia seremos los primeros en denunciarlo, que nadie lo dude. Mientras tanto lo que esperamos es que pronto se encuentre al responsable de este robo para que se le juzgue”. De hecho, concluye Bestard, “nuestros servicios jurídicos están estudiando que la Federación se persone como acusación particular en ambos casos”.
A este respecto, la Federación desea recordar los datos del informe que facilitó a principios de año el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que afirmaban que en España en 2019 se produjeron solo 8 abandonos de galgos, desmontando de esta manera las cifras alarmistas deslizadas desde sectores animalistas sobre el maltrato y abandono de perros de caza por parte de los cazadores.
