Si, han leído bien, la última inyección para parar la pandemia la pondremos en Balears, de no cambiar los procedimientos y protocolos actuales, en julio de 2027.
Esta fecha sale de aplicar una simple fórmula matemática de multiplicar y dividir una primera cifra de dosis diarias aplicadas a la segunda cifra de la gente que residen en nuestra comunidad y que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España: cerca de 1,2 millones de personas.
A dos dosis a inyectar a cada mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, el resultado final de la operación alfanumérica es que hasta dentro de seis años y seis meses no se pondrá la última segunda inyección de la vacuna al último ciudadano de Balears... si es que llegamos a tiempo para salvarle la vida ante los estragos que provoca, como vemos cada día, la pandemia del virus de la COVID-19.
Pese a estas cifras, desde el Govern, su portavoz, Pilar Costa, ha asegurado que el ritmo de vacunación de la COVID-19 en Balears “es el que se había planificado desde el principio”, y ha negado que exista un problema de falta de personal o de infraestructura para poner las vacunas.
EL ejemplo de Israel parece que no ha llegado ni a la sede del Ministerio de Sanidad de España, ni de la Conselleria de Salut del Govern balear, ni tampoco al Consolat de Mar.
Con el actual ritmo acelerado, eficaz y eficiente de vacunaciones, los israelíes habrán completado el procedimiento de inmunizar sus cerca de 9 millones de habitantes el próximo mes de abril.
¿El secreto de todo esto? No hay secreto, el sistema sanitario israelí se fundamenta en la colaboración pública-privada, a través de cuatro grandes mutuas de gestión privada financiadas por el Estado en relación a la cantidad de personas que atienden y gracias a los impuestos que todos pagan.
Con una alerta personalizada a través de sus teléfonos móviles, todos los israelíes han sido convocados por su mutua particular en un lugar y a una hora determinada para recibir la vacuna.
Mientras en Israel cada día que pasa vacunan más y más a sus conciudadanos y se alejan de la posibilidad de que la pandemia repita los estragos del pasado, hasta llegar en muy pocos meses a la tan deseada inmunidad de grupo, aquí, mientras tanto, los gobiernos de España y Balears tienen acuartelados y de manos cruzadas a miles de militares y arrinconada a la sanidad privada, con centenares de instalaciones, ambulatorios, centros de salud y hospitales y también a miles de profesionales médicos y de enfermería sin poder colaborar en aquello que hoy en día es prioritario y más urgente: parar las muertes por COVID-19.