La cifra está lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en el mes de abril, pero las tres partes coinciden en que sigue necesitándose esta herramienta, sobre todo para sectores que no han podido recuperar su actividad plenamente, como el turístico, o que se están viendo sometidos a restricciones para frenar los contagios de Covid, como la hostelería o el comercio.
La regulación actual de los ERTE estará vigente hasta el próximo 31 de enero y los empresarios llevan tiempo pidiendo extender la siguiente prórroga al menos hasta que finalice el estado de alarma decretado en España (9 de mayo). Desde los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social no se habla de plazos y se limitan a asegurar que los ERTE se mantendrán hasta que sea necesario.
Costó mucho firmar la prórroga hasta enero, sobre todo por las diferencias que existían entre la patronal y algunos miembros del Gobierno en torno a los sectores a proteger por los ERTE. Al final se consiguió un acuerdo casi en el tiempo de descuento que se llevó en forma de decreto al Consejo de Ministros.
Dicho decreto, aprobado a finales de septiembre, extendía hasta el 31 de enero de manera automática los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y creaba dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.
En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.
Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.
Está por ver si en la nueva prórroga se mantendrá este esquema de ERTE y si habrá modificaciones en la lista de actividades CNAE pactada en el anterior decreto, aunque a la vista de las actuaciones de las comunidades autónomas para frenar los contagios seguirán necesitándose instrumentos para proteger a trabajadores y empresas afectados por limitaciones e impedimentos de su actividad.
Según datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores en ERTE cerró el mes de noviembre en 746.900 personas, lo que supone 18.487 trabajadores más que en octubre y 40.650 más desde finales de septiembre.
El Ministerio que dirige José Luis Escrivá ha detectado un "trasvase" de los ERTE vigentes antes de la última prórroga a los nuevos esquemas incluidos en la nueva regulación que extendió los ERTE hasta el 31 de enero de 2021.
De esta forma, del total de trabajadores en ERTE con los que se cerró noviembre, 326.296 pertenecen a los 'antiguos' ERTE, cifra que supone 379.954 trabajadores menos que los que estaban incluidos en estos procedimientos a finales de septiembre, cuando entraron en vigor los nuevos esquemas de protección.
Por su parte, el número de personas incluidas en los nuevos ERTE, con exoneraciones especiales para sectores ultraprotegidos y cobertura para aquellas empresas afectadas por las restricciones administrativas, totalizó 420.604 trabajadores en noviembre.
De ellos, 218.380 personas pertenecen a sectores ultraprotegidos (de los que 167.917 corresponden al listado de CNAE acordado con los agentes sociales en septiembre y 50.463 a empresas de su cadena de valor), 79.232 se encuentran en un ERTE de impedimento y 117.064 en un ERTE de limitación de actividad.
Según el Ministerio, uno de los efectos de la puesta en marcha de los nuevos esquemas de protección ha sido una mayor concentración sectorial de los trabajadores protegidos, pues el 60% de los incluidos en las nuevas modalidades de ERTE pertenecen al sector de servicios de comidas y bebidas o de servicios de alojamiento.
Ambos sectores tenían en noviembre en los nuevos ERTE a 330.979 trabajadores, concentrando el 45% de todos los trabajadores incluidos en estos sistemas de protección, en contraste con el 35% de finales de septiembre.
Esta variación en el recurso a esta protección también se observa en el número de afiliados en cada sector acogidos al ERTE.
Mientras que los trabajadores protegidos representan el 5% del total de afiliados a nivel nacional, suponen el 62% en el sector de servicios de alojamiento, el 56% en actividades turísticas y agencias de viajes, el 43% en transporte aéreo, el 29% en actividades de juegos de azar y apuestas, el 27% en servicios de comidas y bebidas y el 19% de los trabajadores del sector de actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
En cuanto a los ERTE de impedimento y limitación, al ir ligados a las restricciones administrativas y ser estas distintas por territorios, se aprecian diferencias geográficas: en Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid se ha reducido el número de personas en ERTE respecto al mes de septiembre, mientras que en otras, como Asturias, Navarra o Cataluña, el número de trabajadores en ERTE ha crecido respecto al mes de septiembre debido a que en esas zonas las restricciones por la pandemia fueron más intensas.
