Según ha informado la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, las actas se han levantado en el marco de las actuaciones de inspección coordinadas desde la Dirección General de Emergencias e Interior para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la COVID-19.
Los inspectores y agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales han llevado a cabo 91 inspecciones, en las cuales se han levantado estas 41 actas. Los incumplimientos están relacionados con excesos de aforo, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por ausencia de información al público y señalización adecuada.
De estas intervenciones efectuadas entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, 73 se han desarrollado en Mallorca, con 36 actas levantadas; seis en Menorca, con un acta levantada; y 12 inspecciones en la isla de Eivissa, donde también se ha levantado sólo una.
El operativo extraordinario se puso en marcha a principios de la semana pasada en previsión del puente de la Constitución y se prolongará durante todas las fiestas navideñas. Las actuaciones vigilan el cumplimiento de las restricciones fijadas para cada isla según su nivel de riesgo.
Desde el inicio de la campaña de inspecciones coordinadas el pasado mes de julio, se han producido un total de 1.057 intervenciones en las Islas y se han levantado 766 actas de infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en los operativos. Por islas, Mallorca suma 623 inspecciones y 482 actas, Menorca 146 inspecciones y 131 actas, Eivissa 251 inspecciones y 126 actas, y Formentera 37 inspecciones y 24 actas.
La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Baleares es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: Delegación del Gobierno, Govern, consells insulares y ayuntamientos.
Castro ha vuelto a pedir responsabilidad individual para evitar que las imprudencias que puedan cometer unos pocos, acaben perjudicando al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, ha destacado que "los profesionales de los cuerpos de seguridad están dando el 100% de ellos mismos para proteger la salud de todos, incluso en fechas tan señaladas como estas y las que están por venir".
El Decreto ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.
