Por eso la sociedad civil está absolutamente legitimada para exigir ejemplaridad, integridad, austeridad y transparencia a aquellos a los que, además, ha colocado en su puesto institucional a través de los votos democráticos.
La transparencia es la calidad que deben priorizar los políticos, altos cargos y personal subalterno administrativo para ofrecer sin trampa ni cartón, con total sinceridad, sin subterfugios y sin falacias toda la información sobre su gestión a los ciudadanos. Toda. Desde sus sueldos y pluses salariales a los gastos suntuarios. Desde las identidades de los beneficiados por los contratos públicos al sistema utilizado para concederlos. Desde las filiaciones familiares a las relaciones de proximidad personal en partidos, sindicatos, asociaciones y otros ámbitos ideológicos. Todo.
El propio Código Ético del Govern de les Illes Balears, en su Anexo III, define la transparencia como “la gestión de los asuntos públicos de manera accesible para la ciudadanía” para ofrecer “la información relevante sobre la organización, la gestión económica y presupuestaria y los datos de la actividad económica” para posibilitar “la evaluación de las actuaciones públicas” por parte de los ciudadanos. Lo tienen ustedes escrito, señores políticos, en el Boletín Oficial de les Illes Balears del 17 de mayo de 2016. ¿Se lo han leído? ¿Saben que existe?
Nos han intentado esconder ustedes que han colocado a dedo y sin concurrencia abierta al resto de los ciudadanos a sus esposas, compañeros sentimentales e hijos en cargos que pagamos todos nosotros. Que han concedido subvenciones escamoteando los sistemas de puntuación para favorecer a entidades ideológicamente próximas. Que han desviado partidas presupuestarias de los objetivos inicialmente aprobados a otros mediante procedimientos presuntamente de urgencia y sin ningún control ni de la oposición ni de la ciudadanía. Que han ocultado los pluses salariales que cobran los altos cargos más allá de sus sueldos. Que han suscrito hipotecas millonarias con claro trato de favor aprovechando sus puestos institucionales. Que han firmados contratos de compraventa de inmuebles sabiendo que su nombre a pie de página les abre puertas en entidades bancarias controladas por ustedes mismos que al común de los ciudadanos les están vedadas.
Y todo esto se ha sabido a través de la labor desarrollada, en cumplimiento del artículo 20 de la Constitución, por los periodistas de los medios de comunicación no sometidos a los poderes públicos y gracias al apoyo que a estos profesionales han dispensado sus directivos y consejos de administración. Todo ello a costa de tener que arrostrar las dificultades enormes que supone enfrentarse a las presiones, incluso virulentas, de los políticos que mandan desde los despachos presidenciales.
La falta de transparencia de ustedes es sinónimo de engaño y mentira. Y el engaño y la mentira son prácticas inadmisibles en una sociedad democrática. Es hora de poner el foco de la atención pública sobre los políticos que de entre ustedes no sean merecedores de nuestra confianza. Es hora de acabar con la sociedad anestesiada que transige ante los que solamente tienen su egoísmo como dogma de fe. Es hora de que, de una vez, los ciudadanos –a través de los medios de comunicación plurales y comprometidos– sepan la verdad. La verdad que ustedes, señores políticos, no quieren que se sepa.
