Cuando les preguntan que sucede, los que debían ser rescatados piden a los rescatadores si les pueden bajar las mochilas en el helicóptero, que, si se quitan el peso, pueden bajar solos. Los servicios de rescate no dan crédito al manifiesto desprecio de recursos públicos al que han tenido que asistir. Porque esto lo pagamos todos, claro.
Ante esta clase de situaciones, los grupos de rescate y buena parte de los montañeros opinan que deberían de cobrarse los rescates producidos por imprudencias o, como en el caso expuesto, los rescates manifiestamente innecesarios.
En muchas regiones del estado ya se están cobrando los rescates. Comunidades como la de Madrid, Asturias, Cantabria, Navarra o Euskadi, donde la actividad montañera es muy elevada, han promulgado Leyes y Decretos donde se tasa el precio de los rescates en montaña. Por el contrario, comunidades como Catalunya, Aragón o Baleares, que también registran una elevada concentración de accidentes, no han incluido dicha normativa en sus respectivos sistemas jurídicos.
En todo caso, esta claro que las Autonomías que cobran los rescates cuentan con una doble ventaja frente a las otras: por una parte, un porcentaje de los gastos de estos operativos son devueltos a las arcas públicas y, por la otra, el elemento disuasorio que supone una eventual obligación de pago puede que ayude a reducir el número de víctimas. Recordemos que una hora de vuelo del “cuco”, el helicóptero del GREIM, asciende a 6.000 Euros.
Con todo, el criterio de aplicación de las tasas no es objetivo ni rígido, se basa casi exclusivamente en el informe realizado por los rescatadores. De esta manera, la obligación de pago nace, sobre todo, en los supuestos de imprudencia. Pero… ¿Qué es imprudencia?
Jurídicamente la imprudencia -o negligencia- se definiría como la omisión de la diligencia debida. Un defecto de advertencia o previsión en alguna cosa que deviene inexcusable por olvido de las precauciones que, para una determinada responsabilidad, se consideran inexcusables. Pero, ¿cómo se plasma eso físicamente? Un elemento objetivo sería valorar el material portado por los rescatados. Si es inadecuado o manifiestamente insuficiente para transitar por la zona donde se les encuentra, podría apreciarse la imprudencia. Un ejemplo clásico de lo anterior sería el de una persona que es hallada en un glaciar si portar botas rígidas, crampones ni piolet. Este hecho ocurre todos los años en el pirineo.
Pero volvamos al caso de Mallorca, donde no hay glaciares y el terreno puede parecer -no es así- más amable. La sierra de Tramuntana es uno de los sistemas montañosos que más rescates acumula. La falta de respeto con la que muchos transitan por sus parajes viene motivada por el exceso de confianza. En un terreno como este, donde no se necesita un equipo determinado (salvo para hacer actividades técnicas como barranquismo o escalada), la imprudencia debería apreciarse no tanto por la falta de material sino por la falta de planificación. Hay quien puede recorrer 20km solo con unas zapatillas, unos pantalones cortos, una camiseta y medio litro de agua, y hay quien, con el mismo equipo, pondría en grave riesgo su vida. Conocer nuestras capacidades y el terreno al que nos enfrentamos marca la diferencia.
En todo caso, la valoración recaería en los rescatadores, como ocurre en las Comunidades que ya imponen el pago del rescate.
No debemos desaprovechar las oportunidades que nos da el sistema jurídico. La regulación de las actividades de montaña no tiene porque ser un atentado contra la libertad que estás formaciones nos brindan, sino una garantía de la misma, siempre con seguridad.
