No es ninguna novedad. En 2011 también fueron los acreedores quienes forzaron la única reforma relevante de una Constitución con más de 32 años de antigüedad. Un récord Guinness al inmovilismo político y legislativo.
En legislación económica de la máxima categoría no recuerdo otra votación en la que, gobernando el PSOE, se sumara el PP tal como lo hizo en 2011 para modificar el muy citado artículo 135. Por eso, pocos meses después fue Rajoy quien consiguió la última mayoría absoluta de esta larga monarquía con urnas que sucedió a la no menos larga dictadura franquista.
Y, también por eso, Pedro Sánchez sabe que cualquier acuerdo con el PP se traducirá en una derrota del PSOE que puede ser muy difícil de revertir.
Por tanto, no siendo España rentable como unidad de negocio, el debate presupuestario, el de los números, tiene poco que decir y las incoherencias y contradicciones van a ser el pan de cada día, y solo con mortadela. Para muestras, el lío con el IVA de las mascarillas o, unas semanas antes, el fracaso del timo de la estampita que el Gobierno intentó con los Ayuntamientos y que terminó perdiendo por goleada, con avería en la Federación de Municipios incluida. Hasta el punto de que este año el “Vigo PSOE” de Abel Caballero lo tiene muy difícil para desbancar el liderazgo conseguido por el “Madrid PP” de Martínez Almeyda con su politización barata, aunque a precio de oro, de la iluminación navideña.
Se suma a lo anterior el hecho de que para PSOE, PP y resto de partidos de ámbito estatal lo de la unidad de España está por encima de la economía y de ciertos derechos que no les caben en la cabeza, como el que reclama “decidir”. A lo que estamos asistiendo es a un debate que no va tanto de dinero, quizás habrá algo de eso durante las enmiendas, sino de vetos cruzados, aunque nadie pueda imaginar que los PGE vayan a romper la “unidad”.
Coincidentes izquierda y derecha en lo esencial, pues siempre recordaremos el “aplauso” de Sánchez al discurso del rey el 3 de octubre de 2017, los vetos cruzados no son sino el teatro que representa los conflictos entre las dos estrategias que defienden lo mismo.
La estrategia de PP, Ciudadanos y Vox se sigue resumiendo en la ley del más fuerte, de la que no se apean por mucho que la historia haya demostrado que fue durante los siete años del gobierno de Rajoy, de 2011 a 2018, cuando el independentismo multiplicó su fuerza y algunos de los momentos cumbre de su historia. Pero, ¿qué le importa a la derecha españolista que el 50+1, o incluso el 100% de un pueblo desarmado quiera romper amarras, si contra él tiene tanques, aviones y barcos de guerra?
En cambio, los planes del Gobierno de Coalición Progresista están orientados a consolidar la división entre los independentistas catalanes. Analizaremos, pues, lo que hace el gobierno, que seguirá siendo lo más importante mientras la derecha se siga conteniendo antes de regresar al empleo de la violencia para evitar que la democracia llegue más lejos de lo que puede aceptar.
Sánchez e Iglesias trabajan contra el reloj, pues el 14 de febrero, menos de 90 días quedan, se celebrarán en Catalunya unas elecciones anticipadas que fueron reclamadas pública y reiteradamente por todo el españolismo, desde Vox hasta Podemos, y con especial insistencia a partir de una inhabilitación de Torra ejecutada en septiembre como resultado de una sentencia, otra, fuera de cualquier lógica entre “delito” y condena. Y el TC nunca considerará prioritario atender el recurso que tiene en su “bandeja de entrada” para que, al menos, el condenado pueda acudir a la justicia europea, que existe.
A partir de un vice, pero presi, Aragonés de ERC que calcula todos sus movimientos al milímetro, y con la excusa del Covid, sin fundamento pues se han hecho cientos de reuniones telemáticas, Sánchez está desmontando por la vía de los hechos una Mesa de Diálogo que solo sirvió para que consiguiera las llaves de La Moncloa, y tampoco a ERC le viene mal librarse en este momento de la incómoda compañía de JxCat en cualquier contacto político con Sánchez. No obstante, para guardar las formas, es probable que Sánchez convoque unilateralmente una sesión de la Mesa-teatro antes del Día de los Enamorados.
Para llenar la actualidad de “hechos” sin necesidad de “Mesa”, Sánchez anuncia “armonizaciones” legislativas sobre el delito de sedición y futuros indultos que le permiten controlar el cronograma y, al mismo tiempo, transmiten a todo el electorado independentista la sensación de eficacia en el pragmatismo, para desmoralizar a unos votantes de JxCat que vienen de contemplar una fuerte división entre diferentes tendencias cuyo efecto en las urnas solo se sabrá el día de las elecciones.
Dando una vuelta de tuerca más, y también al margen de los Presupuestos, Sánchez decide suprimir el castellano como lengua vehicular, previo pacto con ERC, una aparente osadía que incluye una carga de profundidad muy potente, también contra ERC.
¿Qué es lo que ha ocurrido en cuanto el gobierno ha anunciado este cambio en la LOMLOE de la ministra Celaá?
Que toda la derecha españolista, incluidos Alfonso Guerra y algunos barones socialistas, se han lanzado al cuello de Sánchez. Y hasta José María Aznar quien, perdidas todas las formas, acaba de decir que “Sánchez tiene una cara de inútil que no puede con ella”. No me extrañaría nada si al final se termina sabiendo que todo esto es otro de esos combates de lucha libre llena de trucos, aunque esta vez para engañar solo a espectadores catalanes.
Sería lógico, pues resulta que los partidos que se reparten el gobierno, PSOE y UP, comparten con ERC franjas de electores indecisos en Catalunya.
En medio de este barullo es más que probable que algunas de las personas que votarían a la misma ERC que facilitó el Gobierno de PSOE y UP tras el 10N de 2019 piensen algo parecido a esto: “merece la pena premiar en las urnas a los valientes defensores del catalán, cosa que tiene su mérito siendo más españoles que catalanes, pues es evidente que están dando la cara contra el “trío de Colón” para proporcionar más seguridad a la inmersión lingüística”.
Es decir, Sánchez e Iglesias, con los matices y reparto de papeles que puedan convenir en cada momento, están manejando los cronogramas de diferentes expectativas dirigidas a catalanes que podrían apoyar la estrategia de ERC.
En medio de este lío comienza en el Parlamento Europeo el debate sobre el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra Puigdemont, Comin y Ponsatí, donde los del PSOE votarán sin fisuras con PP, Cs y Vox, pero este asunto no será tampoco suficiente para que ERC rompa una estrategia negociadora con el Gobierno de Sánchez que, muy lejos de lo que esperan, puede llevarle a perder el primer puesto que ahora le conceden las encuestas.
La próxima, la del CIS sobre Catalunya, “víctima” de filtraciones, pues Lola García acaba de adelantar sus resultados desde La Vanguardia.
