La presidenta de los constructores se ha quejado del “enorme perjuicio” que supone para los ciudadanos el hecho de que “las administraciones incumplan de forma sistemática la ley con retrasos injustificados en la tramitación de licencias”.
Fanny Alba ha señalado a la presidenta del Govern que “en Balears hay más de 2.500 millones de euros pendientes de ejecutar esperando obtener una licencia”, una situación que ha calificado como “incomprensible” y que “está haciendo peligrar el mantenimiento de 25.000 puestos de trabajo, en un contexto global en el que en la economía balear es la más perjudicada del país con un aumento del paro que se ha duplicado en nuestras islas respecto a hace un año y que cuadruplica el incremento del desempleo a nivel nacional”.
La presidenta de la Asociación de Constructores de Balears ha lamentado que “el retraso en la tramitación de licencias se sitúa en una media de 18 meses”, cuando la ley estipula que las administraciones no pueden exceder un plazo de tres meses para pronunciarse y que conseguirlo serviría para estimular una actividad lastrada por una maraña de requisitos impuestos por múltiples administraciones que entorpecen el normal desarrollo del sector y su capacidad de ser útil a la sociedad”. “Si los administrados hemos de cumplir las leyes, las administraciones no pueden dejar de hacerlo”, ha señalado Fanny Alba.
“Sin consumir ni un solo metro de suelo rústico, sino solamente con el normal desarrollo de nuestra actividad y anteponiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y el empleo de las más modernas técnicas y nuevos materiales, el sector de la construcción está en condiciones de ser el motor que tire de la economía y ayudar a remontar la difícil situación que padecen los ciudadanos de Balears”, ha añadido Fanny Alba.
La presidenta de la Asociación de Constructores ha insistido en “la necesidad de trabajar de forma conjunta y desde la colaboración público-privada” a la vez que ha solicitado a la presidenta del Govern “que todas las medidas, normas y nuevos proyectos sean consultados a priori con el sector privado con de objetivo de que sean consensuados porque sólo así podremos conseguir que sean efectivas y cumplan los objetivos de reactivación económica que Balears no solo desea, sino que también necesita y con urgencia”.
Fanny Alba ha explicado a Armengol que “tanto a las empresas del sector como a todas las que se decidan a actividades auxiliares nos preocupa cómo vamos a ser capaces de mantener la actividad y el empleo durante el año 2021, hasta que podamos empezar a ejecutar los proyectos financiados con los Fondos Europeos” y le ha recordado que este “acuciante problema” mantiene sumido “en la mayor de las incertidumbres” a un colectivo que representa “a más de 75.000 familias en las Islas”.
Al encuentro también han asistido el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern, Marc Pons, así como los vicepresidentes primero y segundo de la Asociación de Constructores de Balears, Óscar Carreras y Climent Olives, respectivamente.
La presidenta de los constructores de Balears ha informado a la presidenta del Govern que “el sector de la construcción balear ya está sumido en una situación técnica de recesión económica”, manifestándole su “preocupación por el mantenimiento tanto de los puestos de trabajo, como por la propia supervivencia de nuestras empresas”.
Fanny Alba ha advertido a la presidenta del Govern que “si no coordinamos entre los sectores público y privado un plan de choque y una estrategia conjunta, el actual descenso de la actividad registrado del 10%, que afecta ya tanto a la obra pública como a la privada, acabará impactado negativamente sobre el empleo hasta unos límites que a fecha de hoy no podemos siquiera cuantificar”.
“No queremos ERTE en el sector de la construcción, lo que queremos es trabajar”, ha defendido Fanny Alba ante Armengol.
La presidenta de los constructores de Balears no ha dejado de “lamentar” ante la presidenta del Govern que “la nueva legislación impide a la construcción ser el motor de la reactivación económica de Balears”.
Fanny Alba ha considerado “totalmente insuficiente” que la única medida adoptada por el Govern que podría favorecer la actividad del sector de la construcción sea la de abrir la posibilidad de que los establecimientos hoteleros puedan aumentar sus instalaciones en un 15% en Mallorca y, previsiblemente, solo un 10% en Menorca y Pitiüses. “Sin embargo, se deja totalmente en manos de la iniciativa privada acometer unas reformas que, teniendo en cuenta la dificilísima situación actual que está sufriendo el sector turístico presenta una capacidad inversora muy debilitada, por lo que tenemos serias y fundadas dudas sobre la efectividad real de esta medida”.
La presidenta de los constructores ha criticado que “con el decreto 9/2020 no solo se ha reducido drásticamente la disponibilidad de suelo urbanizable, sino que, se perjudica a los ciudadanos de Balears al obligarles a asumir los sobrecostes derivados de la escasez de oferta imposibilitando a miles de jóvenes y a miles de familias a tener acceso a una vivienda digna, siendo este un derecho fundamental de los ciudadanos”.
Fanny Alba ha explicado a la presidenta del Govern que, “en el contexto actual y con la legislación vigente el importe medio de inversión en la construcción de vivienda se sitúa en los 300.000 €, cifra a la que hay que añadir el creciente precio del suelo, así como los impuestos, honorarios técnicos y demás costes”.
La presidenta de los constructores de Balears ha criticado que “la desclasificación de suelo impuesta por el Decreto 9/2020 elimina la opción de construir en un breve espacio de tiempo, vivienda asequible”.
Por ello, Alba ha pedido a Armengol “medidas que aporten facilidades a los jóvenes para acceder a una vivienda”.
Por último, la presidenta de la Asociación de Constructores de Balears ha destacado “la enorme importancia que no caiga la inversión en obra pública en el año 2021”, señalando que “la obra pública genera una actividad inducida de 1,92 euros por euro invertido y tiene un retorno fiscal de su actividad cercano al 50%”.
Fanny Alba ha instado a la presidenta del Govern “a estimular la firma de convenios con el Estado para que puedan empezarse a ejecutar lo antes posible proyectos con financiación de los fondos europeos”, así como a avanzar en la formulación de “encomiendas de gestión para que los proyectos se realicen desde la CCAA”.
“Lo fundamental es que el sector pueda participar en la toma de decisiones sobre cómo se van a gestionar e invertir los fondos europeos y establecer, de común acuerdo, estrategias que redunden en un mayor beneficio para los ciudadanos de Balears”, ha concluido la presidenta de la Asociación de Constructores de Balears en su reunión con la presidenta del Govern.
