Los hechos se remontan a la legislatura 2011-2015, en la que Moll fue alcalde con el PSOE. La Fiscalía le acusa de aprovecharse de su cargo para dictar 19 resoluciones administrativas "arbitrarias" anulando sanciones impuestas en expedientes de tráfico.
La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Moll, lo que le impediría presentarse a elecciones o ejercer cualquier empleo o cargo público durante ese tiempo. No obstante, Moll está ya fuera de la vida política: aunque revalidó la alcaldía en las elecciones de 2015, fue expulsado del PSOE en 2017.
Antes de eso, cinco concejales socialistas del Ajuntament renunciaron por no confiar en la gestión de Moll, a quien acusaban de haberles denegado información sobre expedientes urbanísticos y económicos relevantes para su labor. Dos meses más tarde, el PSOE expulsó a Moll del partido por "haber cometido faltas muy graves y haber actuado de forma poco disciplinada".
