Según ha informado la Conselleria este sábado en nota de prensa, en prestaciones económicas a familias se destinan una media anual de 24 millones de euros, de los que 20 millones corresponden a la Renta Social Garantizada (Resoga), puesta en marcha en 2016, y de la que se benefician alrededor de 8.500 familias, lo que suponen más de 12.500 beneficiarios.
Por otro lado, dentro de esta misma línea de ayuda a luchar contra la pobreza se destinan cuatro millones de euros a la Renta Mínima de Inserción (RMI) que gestionan los consells insulares y que llega a 1.500 familias.
La otra de las líneas de lucha contra la pobreza es el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Sector, las cuales reciben del área de Asuntos Sociales y Deportes del govern seis millones de euros anuales vía convocatoria pública subvencionando proyectos destinados a luchar contra la pobreza
Acerca de estas ayudas se ha pronunciado este sábado la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, quien ha defendido que se tienen que hacer políticas públicas desde servicios sociales para intentar reducir el impacto de la pobreza sobre las familias a pesar de que las políticas más efectivas para luchar contra la pobreza son la protección del trabajo, los sueldos dignos y la estabilidad laboral.
En este sentido, ha remarcado la consellera Santiago, la pobreza viene condicionada principalmente por el modelo económico de las Islas y la precariedad del mercado de trabajo así como por el alto coste de la vivienda.
Por este motivo, ha hecho hincapié, este año, a causa de la COVID, el presupuesto a la lucha contra la pobreza se ha incrementado en nueve millones.
De este modo, ha recordado Santiago, se aprobó una Renta Social Extraordinaria para quienes se habían quedado sin ingresos durante el Estado de Alarma y una prestación económica excepcional --a través de entidades sociales para aquellas personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, tales como mujeres que ejercen la prostitución y trabajadores--. Estas acciones extraordinarias dieron cobertura a 8.000 familias durante dos meses.
