La suma total de todo lo que robaron durante los años que esta banda operó impunemente en nuestra comunidad ascienda a más de doce millones de euros. Pero, lo más sangrante de todo, es que la mayoría de estos delincuentes, ahora a punto de ser juzgados, es que también cobraban ayudas sociales del Ajuntament de Palma y de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
De Cort, recibían 300 euros al mes. Y de la conselleria de Fina Santiago otros 590 euros mensualmente. Un jugoso sobresueldo a añadir al botín procedente del robo de carteras.
Lo tenían muy fácil. Nada más llegar a las Illes Balears desde el este de Europa, se empadronaban en un piso de alquiler. Después, con este documento oficial y libros de familia falsificados en los cuales figuraba que tenían numerosos hijos, pasaban automáticamente a cobrar las ayudas públicas de nuestras instituciones.
Unas instituciones que no saben a quién dan el dinero público que sale de nuestros impuestos, ya que toda esta información ha salido ahora a la luz después de que la Policía se haya encontrado con este caso casi por casualidad.
Para cerrar el círculo delictivo, la mayor parte de este dinero robado y cobrado de ayudas sociales del Ajuntament de Palma y de la Conselleria de Benestar Social ya no están aquí. Están en Rumanía invertidos en casas, chalets, terrenos y coches de lujo.
Los cabecillas de esta organización serán juzgados. El resto, hasta llegar a los 44 detenidos, serán expulsados con la orden de no volver.
Queda por ver si tanto el Ajuntament de Palma como la Conselleria de Benestar Social son capaces de poner orden en su propia casa, comprobando de aquí en adelante si la documentación que reclaman para ayudar a los más pobres de Balears es verdadera o un engaño más que da alas y se convierte en una importante fuente de ingresos para los delincuentes.
