Se titula “Inventario de las tormentas que se avecinan” y, además de recomendar su lectura, he decidido reproducir un párrafo que describe, con su habitual precisión, la confusión de la que no he podido librarme mientras escribía esta reflexión, algo que pensaba resolver con uno breve, pero que terminarán siendo varios.
Reconoce don Jordi que “para ser sincero, comentar la realidad política, social o económica ahora mismo es un ejercicio más propio de las ciencias ocultas, porque los científicos de verdad no están seguros de nada, los políticos no saben qué hacer y los periodistas estamos cerca de convertir el periodismo en una práctica esotérica, a base de competir con astrólogos y adivinos, generalmente al servicio del poder. Así, como el que avisa no es traidor, comprenderé perfectamente que llegado a este punto el lector no continúe leyendo. Si continúa, sepa que lo que viene ahora es sólo a título de inventario”.
Ya puestos, dejaré claro desde el principio que escribo lo que sigue con intención de criticar a los independentistas catalanes, pues no parece que estén siendo capaces de “ampliar la base” a la velocidad necesaria para poner en práctica el derecho a decidir.
Durante los periodos de cambio hacia más libertad, los grupos más dinámicos reclaman para toda la sociedad un protagonismo que no se conforma con las urnas para elegir representantes cada equis años. Lo que la gente quiere es decidir también sobre el “qué” y el “cómo” del futuro, no solo sobre “quienes” lo vayan a dirigir. Cuando esos grupos y esa sociedad son esencialmente pacifistas suele ocurrir, entre otras cosas, que les asiste mucha razón y que eligen canalizar esa participación social convocando referéndums.
En 2006 se aprobó en el Parlamento de Catalunya el proyecto de nuevo Estatuto, cuyos trabajos habían comenzado años antes y que, tras superar todos los trámites legales, propició la celebración de un referéndum para medir el apoyo popular. Por citar dos detalles que hoy nos podrían sorprender, merece la pena recordar que ERC y PP pidieron votar en contra y CDC y el PSC a favor. Y también que, desde Madrid, Zapatero gobernaba España, mientras en Catalunya lo hacía el tripartito formado por PSC-ERC-ICV.
O sea, un lío que volvía a demostrar que las relaciones entre Catalunya y España había que tratarlas con mucha política y nada de represiones ni juicios.
Pero los obsesos de la unidad de España a cualquier precio, esta vez del modelo “café para todos/78”, decidieron tirar piedras contra su propio tejado y se negaron a apoyar una reforma que, después de casi treinta años, era necesaria, y más teniendo en cuenta que Jordi Pujol había cambiado de vida en 2003 y sus contubernios estaban en franco retroceso, y no es casualidad que fuera por entonces cuando comenzaron los trabajos del nuevo Estatuto de Catalunya. Además, en ninguna ley ponía que, aunque España quisiera petrificar su Constitución, las diferentes CC.AA. estuvieran obligadas a lo mismo con sus Estatutos.
Tenía lógica, por tanto, que durante la primera década del siglo XXI los estatutos del siglo XX comenzaran a moverse. Ocurrió, además, porque las CC.AA. nunca estarán tan sometidas al inmovilismo de matriz franquista que envenena a todo el que consigue ocupar La Moncloa para gobernar España. Es evidente que, al Estado español, o se le descompone de una manera civilizada, o se terminará pudriendo con todos los que sigan dentro, y eso en caso de que, con un poco de suerte, no se intente de nuevo lo de mantenerlo a lo bestia, como ocurrió a partir del 18 de julio más conocido de la historia.
El caso es que el partido político que decidió impedir la reforma del Estatuto catalán fue un PP rabioso desde su derrota más merecida, la derivada de la mentira más cruel de estos tiempos tan embusteros, con la que se burlaron de los casi 200 muertos del 11M de 2004. Procede recordar ahora que, por entonces, los de Rajoy tanto orquestaban catalanofobias para conseguir votos al sur del Ebro como declaraban el boicot al Grupo PRISA, algo tan ridículo que hasta provocó el desmarque de algunos de los suyos, como Ruíz Gallardón. Para ganar la batalla contra el Estatuto, que habían perdido, por goleada, en todas y cada una de las instancias parlamentarias, lo que hizo el PP fue jugar la carta marcada del TC.
Pero, salvo en Catalunya, pocos tuvieron en cuenta que el pueblo siempre se merece un respeto, y más cuando se le ha convocado antes a las urnas para un referéndum. De hecho, los del bloque UCD>AP>PP más PSOE venían de organizar el referéndum trampa de 1978, cuando incluyeron la monarquía restaurada por el DEMAEHE para que se colara en lo que hoy llaman “pacto constitucional”, como si las diversas partes “pactantes” hubieran estado en igualdad de condiciones.
(A otro tonto con ese cuento del “pacto”, Pedro, y el acrónimo corresponde a las iniciales del Despreciable Español Mayor Asesino de Españoles de la Historia de España, para recordarlo por sus hechos y así respetar la memoria).
¿Alguien se imagina que en la monarquía británica algún partido hubiera denunciado ante la justicia lo que tenía que decidirse en el referéndum por la independencia de Escocia, pactado entre ambos gobiernos?
Lo digo porque, a la vista de tantos como se dedican a justificar la monarquía española con la simpleza de que existen otras en Europa, conviene recordar que aquí sí hubo un partido político que denunció ante un tribunal lo que se votaba en un referéndum celebrado de común acuerdo entre el gobierno de España y el de Catalunya.
(No confundir, que aún estamos hablando del referéndum de 2006).
Aquella victoria del PP en el TC, de la que en 2020 se ha cumplido la primera década, y a la que bien podemos llamar golpe de Estado perpetrado por un “comando” de togados, coincidió con un PSOE que, más que gobernar, chapoteaba en medio de una crisis económica que terminaría derrotándolo, y que no le dejó ver ni el conflicto de legitimidades, ni el riesgo que implicaba para la estabilidad de esta “monarquía corrupta y con urnas, pero solo mientras no molesten” que reina en España. Una definición que representa mucho mejor nuestra realidad política que la muy genérica de “democracia”, que tantas veces ha servido para un roto y para un descosido.
Quizás es a esto a lo que el mismo Sánchez se ha referido esta mañana de día 7 del mes 9 cuando ha declarado que “todos hemos aprendido mucho del procés”, a lo que me permitiré responder que, en política, los errores se pagan caros, pero que, como en realidad fueron maldades, solo se pueden pagar con derrotas históricas que, al menos por esta vez, sería bueno que las pagaran los malos de esta película.
Lo digo, Pedro, porque lo de aprender va por barrios y, mientras no demuestres lo contrario, solo es una frase en una más de tus entrevistas.
¿O acaso vas a acudir a algún curso homologado, impartido por catalanes independentistas, que son los que más saben de la asignatura “procés”?
Y si no tienes tiempo para eso, ¿cuántos libros has leído ya de los varios que han escrito los valientes que están pagando en la cárcel o en el exilio la osadía de soñar que la España que aún comparten ya no era tan franquista?
¿O acaso te crees que reformar el delito de sedición en el Código Penal es, a estas alturas, moneda de cambio?
Los de Rajoy, en cambio, da lo mismo que fueran capaces, o no, de intuir las consecuencias de aquella sentencia que ellos mismos propiciaron, pues sobre asuntos como el del “café para todos/78” siempre preferirán que decidan los jueces elegidos por ellos en lugar de los parlamentos o el pueblo. A fin de cuentas, no son más que franquistas sin autorización para portar armas contra el adversario, y en su ADN llevan lo de aplicar el mayor autoritarismo posible en cualquier circunstancia.
(Abrimos paréntesis para constatar la lógica de que Casado se niegue a renovar los miembros del CGPJ y de los tribunales decisivos, por mucho que insista, también hoy, el cínico Lesmes, en lugar de declararse en huelga de nombramientos. Si la otra dictadura duró casi 40 años, la de los togados aún tiene recorrido).
Comenzó entonces, incluso antes de la sentencia del TC cuyo sentido ya se intuía, la respuesta de la sociedad catalana. Y lo hizo desde la denominada “base” que, en un proceso de “ampliación” imparable, inventó en primer lugar las consultas populares de ámbito municipal sobre la independencia de Catalunya. La primera, celebrada en 2009, sirvió para colocar a la población de Arenys de Munt en el mapa de la historia.
No, el españolismo de Rajoy y los suyos no multiplicaron por sí solos el independentismo en Catalunya. Sin la respuesta activa de la sociedad catalana frente a esa política, ese progreso no habría sido posible.
Pero, ¿cómo se consiguió?
En esa respuesta está también, en mi opinión, una parte de la que explica que las llamadas a acabar con los reproches entre los “espacios” de Puigdemont y Junqueras sean pura retórica y no estén sirviendo para que el independentismo siga creciendo, aunque habrá quien se consuele con la encuesta publicada, también hoy, en La Vanguardia.
Además de constatar la cantidad de cosas que pasan cada día, conviene recordar que demoscopia no es lo mismo que democracia directa y, por tanto, no consigue, ni de lejos, los mismos efectos.
La próxima entrega continuará con la democracia directa y el independentismo catalán. El título obliga.
