Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Govern, Francina Armengol, en una rueda de prensa en la que ha explicado que se están planteando medidas como reducir aún más los aforos, rebajar el máximo personas en reuniones sociales -de las diez actuales a cinco- o restringir las salidas del domicilio por la noche.
Estas medidas, que se aplicarían de forma específica para cada zona -es decir, no tienen por qué ser las mismas restricciones para todas las áreas señaladas como "zonas calientes"- tendrían una vigencia de 15 días.
En este sentido, Armengol ha adelantado que este viernes está prevista una reunión con representantes de Palma, Santa Maria, Inca, Deià, Esporles, Valldemossa, Marratxí, Alaró, Binissalem, Banyalbufar, Llucmajor, Ibiza, Sant Antoni, Ciutadella y Sant Lluís, además de con los consells insulares y Felib.
En todo caso, la jefa del Ejecutivo ha matizado que esto no significa que la semana que viene se vaya a actuar en estos municipios sino que se les va a informar de la situación ya que son los municipios con mayor incidencia.
Armengol ha evitado utilizar la palabra confinamiento para referirse a estas posibles limitaciones argumentando que lo que se impediría a la población serían las reuniones sociales o familiares -donde mayor es la transmisión del virus- y no la vida cotidiana como las compras, acudir al trabajo o a la escuela.
Esto iría acompañado, ha añadido, de más pruebas, más controles de las medidas de aislamiento y más limpieza, medidas "para ayudar a la población a protegerse".
Por otro lado, Armengol ha avanzado que los casos positivos por COVID-19 en Balears recibirán una carta de Salud Pública en su vivienda donde se le explica que debe estar obligatoriamente confinado en su casa durante 14 días.
En este sentido, se está trabajando para que Emergencias pueda trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los cuerpos de inspección la información de las personas -guardando el debido control de la privacidad- que deben guardar aislamiento porque son pacientes positivos o porque son contactos estrechos para que controlen el cumplimiento de las medidas de aislamiento.
Armengol ha recordado que es "fundamental" y "obligatorio por ley" cumplir el aislamiento y que las personas que lo incumplen se enfrentan a sanciones de entre 100 a 3.000 euros, incluso multas mayores si hay agravantes.
Por otra parte, desde esta semana el Govern interviene directamente en el barrio palmesano de Son Gotleu, una de las áreas con mayor incidencia de Covid-19.
Según ha explicado Armengol, se está desarrollando una acción comunitaria encaminada especialmente a concienciar a la población en el cumplimiento de los aislamientos y en la obligatoriedad de someterse a la prueba PCR si se es citado para ello.
Igualmente, en tres ubicaciones de la barriada se están realizando pruebas PCR en autobuses y no se descarta que estas medidas se trasladen a otros barrios, aunque no ha precisado a cuáles.
Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha alertado del incremento "lento pero constante" de los ingresos hospitalarios en las últimas semanas.
Según ha explicado, hasta este jueves hay 300 pacientes ingresados en planta (44 más que hace una semana) y 57 en UCI (16 más que hace siete días).
Gómez ha resaltado además el aumento de la tasa de positividad que se ha situado en el 12,5 por ciento de pruebas.
Ante estas cifras, la consellera de Salud ha indicado que el Palacio de Congresos está preparando su medicalización con 100 camas, ampliables a 200, y 300 de UCI y que "probablemente" el Palma Bay también se medicalice. Aún así, Gómez ha insistido en que la situación no es la de marzo pero quieren "estar preparados".
Sobre el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las labores de rastreo, la responsable de Salud ha explicado que el 15 de septiembre se podrían incorporar a las tareas los primeros 30 efectivos de los 100 que está previsto que presten apoyo.
