Según ha explicado el alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, los hecho se remontan 12 años atrás con la construcción de la escuela y la posterior modificación del PGOU para ajustar los usos de los terrenos al docente, y por acuerdo de la Comissió Insular d'Urbanisme con fecha 15/03/2011 se suprimió la prescripción inicialmente impuesta de 4 metros sobre las particiones del soler, motivo de denuncia por parte de unos vecinos de la urbanización que después de multitud de procesos judiciales y administrativos han desembocado en la actual sentencia del TSJB.
"Cuando el actual equipo de gobierno nos hicimos cargo de la gestión municipal a finales de junio de 2019 no pensábamos que esta sería una legislatura cargada de situaciones anómalas con una pandemia y la demolición de una zona escolar que afecta a 500 alumnos y a sus familias, pero tampoco que el actual consistorio se tuviera que hacer cargo y responsabilizarse de actuaciones llevadas a cabo hace más de una década", ha afirmado el alcalde de Llucmajor.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Guillermo Roig, ha manifestado que "sin duda lo que más nos sorprende a este consistorio es que el TSJB no aceptase ninguna de las soluciones presentadas por las instituciones implicadas (Ajuntament, Consell de Mallorca y Govern), y que entendiese y aceptase la innecesaria demolición de parte de un colegio, con el consiguiente perjuicio que esto está ocasionando a los vecinos y alumnos, no solo de Puig de Ros, sino también de otras urbanizaciones de los alrededores que hacen uso de este CEIP para escolarizar asus hijos".
Por su parte, la teniente de alcalde de Educación, Xisca Lascolas, ha explicado que esta medida afectará a unos 500 alumnos "que verán como equipaciones escolares como la biblioteca, el comedor, la cocina o los baños se derrumban". "No entendemos la denuncia de unos vecinos de la misma urbanización que con su postura hacen daño al funcionamiento de este espacio educativo tan importante para los residentes. No sabemos que intereses o conflictos han tenido con la construcción de la escuela y de su funcionamiento para sacar adelante esta acción en reiteradas ocasiones", ha lamentado.
Lascolas ha añadido que las obras de demolición serán incompatibles con la escuela abierta y su normal funcionamiento, "pese a que nuestro plan de acción presentado en la sala, y en cumplimiento de lo impuesto por el tribunal, hemos considerado todas las alternativas para que el impacto sea el menos perjudicial".
Destacar que una vez finalizadas las obras de demolición, será el Consell de Mallorca y el Govern, a través de la Conselleria d'Educació, quienes realicen las modificaciones oportunas para el buen funcionamiento del edificio, así como la reestructuración que consideren necesaria.
Finalmente, Éric Jareño ha constatado que "el Ajuntament de Llucmajor está dispuesto a colborar en lo que esté en su mano, por el beneficio de sus ciudadanos e intentando encontrar siempre la mejor solución, con el menor perjuicio posible".
