Todos ellos van a expresar el mismo día, el 14 de septiembre, mediante el derecho constitucional a la huelga su tremendo desacuerdo con la gestión que de sus respectivas empresas municipales está llevando a cabo el regidor de Mobilidad, Xisco Dalmau, y el propio alcalde de Palma, José Hila, ambos del partido PSIB-PSOE.
El paro de los trabajadores de los autobuses públicos municipales coincidirá con el inicio del curso escolar, situación que complicará, aún más si cabe, el ya de por sí difícil retorno a las aulas de este año. Recordar que determinadas zonas de Palma, como Son Rapinya y alrededores, llegarán al colapso circulatorio si los alumnos tienen que desplazarse a sus respectivos colegios a bordo de coches particulares y no pueden hacerlo en los vehículos de la a EMT.
Los representantes sindicales de la EMT han solicitado poder expresar personalmente al alcalde Hila sus reivindicaciones, y con ello se comprometen a abrir un período de reflexión. Pero el primer edil de Ciutat se ha enrocado en su despacho y se niega a pisar la calle y reunirse con los trabajadores municipales. Este orgullo de cargo lleva la situación directamente al enfrentamiento, al conflicto y a la huelga.
El motivo que inclina a los empleados públicos de los autobuses a expresar parando su protesta es, según ellos, la progresiva privatización de trayectos hasta ahora públicos que ha iniciado el Ajuntament de Palma que gobiernan los partidos de la izquierda PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. Los sindicalistas de la EMT ponen varios ejemplos de ello: el ‘pasillo’ Cala Major-San Agustí, que ha sido transferido a una línea TIB privada a través del Govern balear, y las conexiones con las barriadas periféricas de Es Pil·lari, s’Aranjassa y s’Indioteria, prácticamente anuladas actualmente.
La privatización de este servicio municipal, lamentan los sindicalistas, empobrecería la red pública y, evidentemente, daría pie a eliminar puestos de trabajo en la Empresa Municipal de Transportes.
Por lo que se refiere al conflicto planteado por los trabajadores de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP), las desavenencias surgen cuando, según los sindicatos, el alcalde Hila y su regidor Dalmau no han cumplido las obligaciones legales de subrogar a los trabajadores de los aparcamientos subterráneos privados de la plaza Major y de la plaza Comtat del Rosselló con las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla en el momento de finalizar sus respectivas concesiones y pasar a gestión directa de Cort.
Caso similar es el de los empleados de la ORA, hasta hace pocos meses contratados por una empresa privada y ahora internalizados en esta empresa pública municipal cuando el Ajuntament de Palma decidió rescatar el servicio de la concesión administrativa en la que se desenvolvía y pasarlo a gestión directa.
De las reivindicaciones de los trabajadores de la ORA sorprende que reclamen, entre otros puntos, la revisión de los “valores de temperatura y sensación térmica” que padecen en verano en su puesto de trabajo, en plena calle y bajo el sol. Cosa a lo que Hila y su equipo de gobierno, al parecer, se niegan.
Finalmente, los empleados de BiciPalma también se suman a las huelgas reivindicando que su trabajo se regule a través de las normas específicamente aprobadas para el sector de los trabajadores del transporte del Ajuntament de Palma y no, como hasta ahora se ha hecho, con las reglas generales del Estatuto de los Trabajadores.
Tanto en el caso de la empresa pública SMAP como en los de la ORA y BiciPalma, el conflicto actual nace en el mismo momento en que estos tres servicios, que funcionaban a través de concesiones administrativas del Ajuntament de Palma a empresas privadas, pasaron a gestión directa municipal por decisión de la mayoría política que ahora gobierna Cort. De esos polvos de antaño, estos lodos de ahora.
La realidad es que el 14 de septiembre coincidirán cuatro huelgas de empresas públicas municipales de Cort del sector del transporte y la movilidad que, de producirse, colapsaran la ciudad. EMT, SMAP, ORA y BiciPalma están en pie de guerra y José Hila, el alcalde, debe solucionar el problema para evitar que lo sufran los ciudadanos.
El tiempo se acaba para conseguir pacificar la situación y pactar soluciones. Hila tiene que moverse.
