Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, quien ha señalado que se trata de una medida recogida en el Plan de reactivación y que permite que se incremente la ratio de cuidadores de los 28 actuales a 33 por cada 100 residentes, un aumento del 15%.
Según ha explicado Santiago, así se modifica el decreto del año 2010 y se reforzará, especialmente, el día a día de las residencias privadas y concertadas, ya que en los centros públicos las ratios están por encima de lo que establece la legislación vigente.
En este sentido, ha indicado que durante la pandemia un 10,4% de los usuarios de las residencias privadas se han contagiado por la COVID-19, frente a un 1,5% de las públicas y ha explicado que en parte se debe a los ratios de los sociosanitarios.
"Éramos conscientes de que en este decreto se debía de hacer una revisión completa y el coronavirus ha hecho que se realice por vía de decreto ley", ha apuntado la consellera.
Para asegurar el cumplimiento de las ratios, las residencias tendrán que comunicar a los servicios de inspección de los consells insulares, la relación nominativa diaria del personal del que disponen, así como de su jornada. Asimismo, para garantizar la viabilidad de las plazas concertadas, se revisarán los conciertos y los convenios vigentes.
De acuerdo con la Conselleria, si actualmente se abonan 64,49 euros al día por cada plaza concertada para personas dependientes de grado II, con la nueva normativa se pasará a 67,14 euros al día. En el caso de las personas con grado III, ahora se abonan 68,61 euros al día por plaza concertada, y se estima que se pasará a 71,26 euros al día.
De este modo, se calcula que las arcas públicas de Baleares, a través del Govern y los consells insulares destinarán más de 1.105.000 euros a mejorar las ratios de los sociosanitarios.
Paralelamente, este decreto ley amplía el periodo transitorio para que los perceptores actuales de la renta social garantizada (Resoga) puedan solicitar el ingreso mínimo vital al Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre, ya que hay unos 600 titulares de Resoga y renta mínima de inserción que, por diferentes motivos, no han podido hacer la solicitud.
