Según informa en un comunicado el Ministerio del Interior, esta decisión tendrá una vigencia de 21 días y no afecta a las comunicaciones ordinarias, por locutorio. Desde el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska indican además que se reforzará el sistema de videollamadas para paliar las restricciones.
Esta suspensión llega después de analizar, caso por caso, la situación en cada uno de los centros dependientes de la Administración General del Estado y a partir de los últimos datos epidemiológicos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Tras el final del estado de alarma se han registrado 31 positivos entre la población privada de libertad, la práctica totalidad tras el regreso de permisos o el ingreso de libertad.
Durante las últimas semanas, Instituciones Penitenciarias ha estudiado las propuestas enviadas desde los centros penitenciarios y ha emitido recomendaciones específicas para cada uno de ellos. También ha recordado las medidas de la 'nueva normalidad' que se dictaron en junio y julio: cuarentenas sanitarias de entre siete y diez días para los internos que ingresen de libertad o reingresen de permiso, uso obligatorio de mascarilla tras las comunicaciones especiales, distanciamiento social, etc.
Asimismo, recuerdan en la nota que esta suspensión de las comunicaciones se enmarca en la orden ministerial INT/407/2020 de 12 de mayo, en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias "si la situación epidemiológica así lo aconseja".
Señalan que durante el estado de alarma, la afectación de la Covid-19 entre la población privada de libertad fue cuatro veces inferior a la de la población en general. Durante los tres meses de confinamiento, se registraron 85 positivos de internos e internas. Entre los funcionarios, el acumulado de positivos desde el 21 de junio es de 36.
