La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears acoge este lunes y este martes el juicio por el 'caso IME', en el que se investigan supuestas irregularidades en el mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ajuntament de Palma, presuntamente para beneficiar a una empresa privada.

Los acusados son el que fue gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME) entre 2011 y 2015, Antonio Ramis; el jefe de mantenimiento del IME, Alberto Serna; el administrador de Roig SA, Antoni Roig; y el jefe de producción de la compañía, Bartolomé Colom.

La Fiscalía les imputa un delito continuado de malversación, un delito de fraude a la administración y un delito continuado de prevaricación administrativa.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, las penas que se pide para los cuatro acusados suman un total de 24 años de prisión, además de la inhabilitación para empleo o cargo público. También reclama que indemnicen al Ajuntament con más de 750.000 euros.

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LAS FACTURAS Y PAGOS

La Fiscalía acusa a los funcionarios de haberse prevalido de sus puestos para beneficiar económicamente a la empresa. En su escrito, el fiscal señala que uno de los trabajadores públicos "mantenía una estrecha amistad" con el administrador de la sociedad, que fue contratada por el IME para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

También sostiene que los acusados modificaron el sistema de control y supervisión de las facturas, suministros y pagos del IME. De forma que, los directores de los polideportivos e instalaciones "fueron apartados y quedaron al margen de controlar los trabajos realizados en las instalaciones que dirigían".

Según el escrito del Fiscal, una de "las formas de favorecer" a esta empresa privada era "admitir y dar como buena, una facturación que estaba incrementada con un sobreprecio medio del 96,73% sobre el valor de mercado".

Asimismo, la Fiscalía asegura que la empresa privada facturó al IME por una cantidad total de 50.191,54 euros "cuando algunos de los trabajos y mano de obra incluidos en las facturas no se habían realizado". No obstante, el escrito señala que, pese a ello, las facturas fueron autorizadas y aprobadas por los dos funcionarios acusados.

Otro mecanismo por el que los responsables de la empresa privada presuntamente obtenían beneficio económico, según el fiscal, radicaba "en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales".