La presidenta del partido Juana M. Pons, presentó ante la Fiscalía un escrito por el que solicita que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si constituye un delito la gestión que se está realizando del matadero municipal. En concreto, se refiere al pago de facturas de transporte de carne a un precio diez veces superior establecido en el expediente del contrato que el ayuntamiento tiene con la empresa Serveis d’Escorxador.
Durante un año, entre finales de 2018 y noviembre de 2019, el Ajuntament de Ciutadella estuvo pagando el transporte de carne a 0,2662 euros el kilo, cuando el expediente establecía para esta tarea un precio de 0,0256 euros. Un informe de Secretaría e Intervención detectó la irregularidad. El equipo de gobierno aseguró que esta situación se iba a revisar.
La pretensión del PP es que se actúe contra las responsables de estos hechos, que los populares consideran constitutivos de un posible delito de malversación de caudales públicos, en virtud de los artículos 432, 433 y 434 del Código Penal. El asunto será abordado, a nivel político, en el próximo pleno municipal.