En el marco de las actuaciones de inspección coordinadas desde la Dirección General de Emergencias e Interior para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la COVID-19, los equipos formados por inspectores de la comunidad y de consells insulars y por agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales) han llevado a cabo inspecciones este fin de semana en 62 locales, zonas de ocio nocturno y espacios públicos de las cuatro islas.
De estas intervenciones, 41 se han desarrollado en Mallorca, especialmente en establecimientos de Playa de Palma y el paseo marítimo; 7 en Menorca, en locales de Maó y Ciutadella; 8 en Eivissa, en Sant Antoni de Portamany y Santa Eulàlia des Riu; y 6 en Formentera.
Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinarios han levantado 46 actas por incumplimientos relacionados con excesos de aforo, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por prescindir de información al público y señalización adecuada. Concretamente se han levantado 30 actas en Mallorca, 7 en Menorca, 8 en Ibiza y 6 en Formentera.
Estos datos se suman a las 51 inspecciones y 24 actas registradas durante el fin de semana pasado. Por lo tanto se han producido desde el inicio de la campaña de inspecciones coordinadas un total de 113 intervenciones y 70 levantamientos de actas de infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en los operativos.
La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en las Islas es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: Delegación del Gobierno del Estado, Gobierno de las Islas Baleares, consejos insulares y ayuntamientos.
Además, la consellera ha vuelto a pedir responsabilidad individual para evitar que las imprudencias que puedan cometer unos pocos, acaben perjudicando al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, ha destacado que "a pesar de que el porcentaje de actas levantadas es elevado respecto del número de inspecciones efectuadas, los incumplimientos observados son mayoritariamente leves y la sensación general de los equipos interventores es de tranquilidad".
El Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde este pasado viernes 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.
