En el estudio se pone de relevancia que en todas las jurisdicciones la entrada de nuevos asuntos ha experimentado disminuciones que varían desde el 9,2 por ciento de la civil hasta el 4,6 por ciento de la penal.
Los resultados son efecto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, que se ha hecho notar en la actividad de los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2020, aunque el estado de alarma entrara en vigor a mediados de marzo.
De este modo, en el primer trimestre de 2020 tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de Baleares un total de 34.807 asuntos. Esta cifra supone una disminución interanual del 6,7 por ciento.
En el mismo periodo, los tribunales de las Islas resolvieron 34.028 asuntos, un 5,8 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019; un total de 78.463 asuntos quedaron en trámite al final del trimestre, lo que supone un incremento del 14,7 por ciento respecto a los tres primeros meses del año pasado.
En la jurisdicción civil ingresaron 15.117 asuntos, con una disminución interanual del 9,2 por ciento. En esta jurisdicción se resolvieron 14.637 asuntos, un 2,2 por ciento más, y quedaron en trámite 42.916, un 14,3 por ciento más que al final del primer trimestre de 2019.
En jurisdicción penal tuvieron 17.223 entrada de asuntos, con una disminución del 4,6 por ciento. Se resolvieron 16.885 asuntos, un 12,2 por ciento menos, y quedaron en trámite 23.786 asuntos, un 17,3 por ciento más.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 717 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 5,3 por ciento. Se resolvieron 766 asuntos, un 21,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y quedaron en trámite 4.421 asuntos, un 7,2 por ciento más.
La jurisdicción social registró 1.750 nuevos asuntos, un 5,7 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 1.740 asuntos, un 10,4 por ciento menos, y quedaron en trámite 7.340 asuntos, un 13,4 por ciento más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 34,6 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (37,5); Andalucía (32,8); Asturias (30,9); Cantabria (30,8); Murcia (30,7); Comunidad Valenciana (30,5) y Cataluña (30,4).
Las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (21); País Vasco (22,8) y Navarra (23,1).
