En concreto, la Comisión de Salud aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del PI con este propósito. "Los consumidores tienen derecho a exigir la calidad, la idoneidad y la conformidad de los productos establecidos en los contratos", ha remarcado la diputada.
La propuesta instaba al Gobierno, el Govern y el Banco de España a controlar que, en la concesión por parte de entidades financieras de los créditos y de las líneas de liquidez a empresarios y autónomos con motivo de la crisis de la Covid-19 "se cumpla escrupulosamente la normativa aplicable y que no se produzcan abusos por parte de las entidades implicadas".
Asimismo, la Comisión de Salud aceptó reclamar al Ejecutivo autonómico que- mediante la Dirección General de Consumo- vigile las compañías financieras para que, en el caso de detectar prácticas abusivas que perjudiquen los derechos de los consumidores y usuarios, se adopten las medidas legales que correspondan; especialmente, el inicio de expedientes sancionadores a las entidades infractoras y la publicidad de aquellas que no cumplan la regulación existente.
El PI ha afirmado que desde la puesta en marcha de las herramientas especiales de liquidez, "empresarios y autónomos han denunciado algunas prácticas bancarias que podrían ser incorrectas", como la vinculación de la concesión a la contratación de productos complementarios, intereses abusivos, exigencias de garantías personales, refinanciación de créditos que no tienen ninguna relación con la situación generada por la Covid-19, ingreso del dinero mucho después de la formalización de la operación, etc.
