La sombra del coronavirus ha cubierto la incompetencia de muchos de nuestros líderes políticos que han visto como el confinamiento, y la enfermedad han relegado sus frentes a un segundo plano y por unos meses han podido respirar aliviados.
Pero no en todos los casos ha sido así. Como ejemplo, lo que está pasando con el problema de la vivienda en Baleares, que el Covid-19 no solo no lo ha silenciado, sino todo lo contrario, ha salido a la superficie la incapacidad (o la falta de ganas) de quienes nos dirigen para luchar de forma valiente y contundente ante un problema tan grave y que, a pesar de las pandemias, no encuentra alivio ni mejora.
Durante estos meses de encierro, los distintos gobiernos (Central, Autonómico y local), han anunciado a bombo y platillo ayudas, créditos y hasta suspensión de los desahucios de viviendas destinadas a residencia habitual durante y como consecuencia del estado de alarma. Ayudas de hasta el 50% de las rentas, microcréditos para hacer frente a los pagos de los alquileres y para devolverlos en un montón de años sin intereses o la obligación de los propietarios a eximir del pago del alquiler a sus inquilinos afectados por un erte o por el paro. Grandes medidas que se anunciaban en medios de comunicación, ruedas de prensa, video conferencias y en cualquier otro lugar o acontecimiento donde interviniera el político de turno y fuese necesario transmitir la gran preocupación (muchas veces fingida) que para quienes nos gobiernan supone la vivienda.
Todas estas iniciativas, juntas o por separado, vistas en grandes titulares parecen medidas efectivas y que ayudaran a aliviar esta situación, sin embargo, no pasan de eso, de grandes titulares mediáticos que cuando rascas e intentas profundizar no tienen contenido alguno, o, lo que es peor, aquellos que las idearon no saben cómo ponerlas en marcha.
Según la RAE ayudar es: “Auxiliar, socorrer” “Hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo”. Las ayudas al alquiler deberían tener como objetivo Auxiliar y/o socorrer a aquellas familias que por circunstancias negativas sobrevenidas no pueden hacer frente al pago del alquiler de una vivienda todo o en parte. El pago de los alquileres se fija mes a mes por lo que para que las ayudas fuesen ayudas se deberían recibir también mes a mes, ya que de lo contrario no cumplen el principio de auxilio que se le supone, no solo eso, si los perceptores reciben las ayudas un año después del periodo para el que fueron concebidas, una de dos: o no las necesitan o lo que es peor aún, han de privarse de otras necesidades para poder cubrir la del derecho a una vivienda digna. Derecho constitucional, por cierto.
El pasado día 1 de junio del presente año, el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares) publicaba la apertura del plazo de solicitudes para las ayudas a los alquileres comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. La resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se convocan las ayudas del año 2020 para el alquiler de viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 determina que el plazo de finalización de las solicitudes finaliza el próximo día 31 de julio y también determina que el plazo para resolver las solicitudes será, como máximo, de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, traducido a idioma de la calle: “con un poco de suerte la ayuda correspondiente a enero de 2020 se podría recibir a mediados de 2021”.
Según comunicaba el propio Govern el pasado día 2 de mayo de este mismo año, el día 4 de ese mismo mes se comenzarían a abonar a los beneficiarios las ayudas concedidas en el año 2019 y las extraordinarias de 2018, ósea, lo que es auxiliar posiblemente auxiliaron a los beneficiarios, pero, lo que es innegable es que las ayudas no fueron exactamente para lo que se crearon.
Lo anterior no es el único despropósito que, en el ámbito de la vivienda, nos llega de los que nos gobiernan. La vivienda es un gran problema social que tiene una única solución y esta es política, por lo que con los intereses económicos que obligan y someten a los partidos políticos, será difícil de solucionar. La especulación urbanística está en el fondo de prácticamente todos los casos de corrupción política de nuestro país y esto es un gran lastre a la hora de diseñar y ejecutar programas destinados a paliar este gran problema. Ideas no faltan, lo que faltan son “cojones” políticos.
