Este holding, que gestiona múltiples concesiones en los puertos de la Autoridad Portuaria de Balears, ha obtenido últimamente la prórroga de la concesión del pantalán de la Cuarentena del Puerto de Palma y la concesión de amarres en la Dársena de Poniente del Puerto de Eivissa.
Paralelamente, la Autoridad Portuaria ha decidido trasladar a esa zona del Moll Vell la actividad de Astilleros Mallorca, que ahora está ubicada en el Contramuelle-Mollet, lo que consolidaría definitivamente el espigón como zona industrial. Los clubes náuticos reclaman que se concentre en esos muelles comerciales integrados tradicionalmente en la Ciudad “la operativa de las líneas regulares con pasaje”.
En sendos escritos de alegaciones, las entidades náuticas denuncian también un trato de favor de la Autoridad Portuaria hacia la empresa STP. Según las alegaciones, el proyecto de STP vulnera el Plan de Usos de Espacios Portuarios, “no solo la pretendida ampliación, sino que las actuales autorizaciones de ocupación también lo vulneran escandalosamente, cuando en unos espacios reservados exclusivamente a actividades comerciales, se están realizando y se pretenden perpetuar actividades no comerciales de reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo”. El hecho de haber sido publicados los anuncios, ya resulta un flagrante incumplimiento de la norma, “cuando menos, resulta irresponsable su tramitación por parte de la Autoridad Portuaria”.
Para el Club de Vela, “prorrogar la concesión no responde a principios de interés general, con criterios de rentabilidad y eficiencia, con concurrencia y transparencia”.
Tras criticar la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, las alegaciones del sector náutico inciden en que “conceder una prórroga de una prórroga deviene de facto en una nueva concesión, lo que supondría un “auténtico monopolio de la actividad de reparación y mantenimiento de buques en el puerto de Palma”.
Los clubes náuticos ponen de relieve que “la sucesiva concatenación de autorizaciones temporales que ha venido disfrutando la empresa STP contraviene la libre concurrencia y ahora roza, si no desborda, la desviación de poder, conculcando la normativa comunitaria”.
Por otra parte, han constatado que la ampliación del espacio ocupado por STP “resulta el doble de la concesión que se le otorgó en su momento, con lo que implicaría disponer en exclusiva de 101.816 m2 en tierra y 60.685 m2 de espejo de agua en el Moll Vell, un total de 162.501 m2”. Esta situación supone un incremento del 53,48 % de la superficie que tienen ahora concesionada, sin concurso público, con la “ejecución de tres nuevas edificaciones”.
A esta situación “habrá que añadir la concesión a Astilleros Palma, con una superficie de 125.052 m2, con un gran sistema de levantamiento de barcos y más edificaciones”.
Tras preguntarse “dónde han quedado los proyectos de remodelación del muelle viejo para recuperar el muelle de la Riba” y si “es realmente esto una integración puerto/ciudad”, las alegaciones desvelan que el proyecto prevé un gran aparcamiento sin “un plan de movilidad que pueda prever el impacto de cientos de vehículos que entrarían en hora punta en una zona tan transitada como el Paseo Marítimo y en el Moll Vell”.
El sector concluye resaltando “la gran contradicción de la Autoridad Portuaria y del Ajuntament de Palma: por una parte se tiran edificios en la plaza de Sant Elm, con la pertinente indemnización al que iba a ser concesionario, para intentar hacer una ciudad bonita, y se busca, además, restringir el tráfico por el Paseo Marítimo, mientras que, por otro lado, se construye un gran polígono industrial paisajística y medioambientalmente impactante en el corazón de Palma y alejan los buques de pasaje lo más lejos del centro de la ciudad, con lo que será indispensable el uso del vehículo a través del mismísimo Paseo Marítimo.
Ambas administraciones tienen en su mano la opción de hacerlo al revés y dejar los Muelles Comerciales para los barcos, que sería lo deseable para la ciudad.
