El decreto fue aprobado el pasado 25 de mayo por el Consell de Govern. Entre otros aspectos, la norma tiene como objetivo establecer medidas de protección de los valores ambientales, paisajísticos y urbanos del territorio de Baleares, dirigidas a la contención del crecimiento de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico, con la finalidad de asegurar la recuperación de este patrimonio.
La norma ha salido adelante con 32 votos a favor de PSIB, Més per Mallorca, Unidas Podemos y Grupo Mixto. En su contra, ha recibido 26 votos de los diputados de PP, Ciudadanos, Vox y El PI. Sobre su tramitación como proyecto de ley que los partidos de la oposición habían solicitado, el Parlament lo ha rechazado a través de 11 votos en contra, frente a siete a favor.
El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha resaltado, durante su intervención para defender la norma, la "voluntad nítida" del decreto ley para preservar el suelo rústico. Así, ha afirmado que la norma recupera la finalidad del suelo rústico para el uso agrario y ganadero, protegiéndolo de los usos "impropios establecidos en los últimos años, como son el residencial o turístico".
En este sentido, Mir ha insistido en que el decreto ley persigue un "modelo de territorio menos expansivo". De esta forma, ha añadido, "se eliminarán crecimientos potenciales latentes no desarrollados a partir de la desclasificación del suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables".
También ha recalcado que se debe abordar "con seriedad y convicción" la presencia de zonas residenciales en áreas en riesgo de inundaciones o de incendios forestales. Mir se ha referido, asimismo, a la "falta de planificación y ordenación territorial, especialmente en suelo rústico".
A continuación, el conseller ha justificado su gestión en estos momentos, durante la gestión sanitaria del coronavirus y posterior crisis económica, porque se han tomado varias medidas temporales y acotadas a suelos urbanos consolidados con el fin de reactivar la economía "de la manera más rápida posible".
Además de rechazar los "vaticinios catastrofistas" de la derecha, Mir ha asegurado que esta iniciativa refuerza la línea política del Govern en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente. Así, ha recordado la Ley de Residuos, la Ley de Cambio Climático, el decreto para la conservación de la posidonia o la protección de 100.000 hectáreas terrestres y marinas.
A FAVOR
Unidas Podemos, a través de su diputada Cristina Mayor, ha sido el primer Grupo Parlamentario en exponer sus razones de voto a favor. Mayor ha recalcado que el decreto ley es "un paso hacia adelante" en la protección de Baleares y "evitará que las islas se conviertan en gigantescas urbanizaciones".
Además, ha insistido en que las islas están "muy construidas". Por ello, ha pedido Mayor, "tenemos que seguir trabajando en la protección del territorio" y ha defendido que cualquier medida "es vital" en este aspecto.
A continuación, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha dado la enhorabuena al conseller de Medio Ambiente y a su equipo. "No es fácil hacer lo correcto", ha dicho Ferrà, quien ha expresado que es "imprescindible" preservar el territorio para la ganadería y la agricultura.
Además, ha asegurado que la norma contempla una realidad "de hoy pero también del mañana". Por este motivo, ha calificado de "determinación y valentía" la disposición del Pacte para sacar adelante un decreto ley que actuará con medidas sobre un problema existente.
Desde el Grupo Mixto, la diputada Silvia Tur, a través de conferencia telemática, ha afirmado que esta norma llega para poner solución a un gestión política, desde décadas, "muy cambiante y basada en la especulación". Por eso, ha recordado que hay "multitud de alojamientos en el campo que se utilizan "para otras cosas, con finalidad turística".
Asimismo la diputada del PSIB Mercedes Garrido ha insistido, ante las críticas de la derecha, en que el decreto ley "no ataca la propiedad privada ni la actividad económica". Por ello, ha asegurado que con la norma se establece "un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental".
Garrido ha remarcado, además, que la recuperación económica y la extraordinaria situación provocada por la pandemia del coronavirus "no es incompatible con la protección del territorio, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático".
EN CONTRA
Los partidos que han votado en contra de la norma, PP, Vox, Ciudadanos y El PI, ha criticado en su conjunto la urgencia de su tramitación mediante el modelo de decreto ley. El diputado del PP Sebastià Sagreras ha anunciado, incluso, que cuando su partido gobierne la derogará. "Será lo primero que haremos", ha asegurado.
Sagreras ha afirmado que todas las justificaciones dadas desde el Pacte para tramitar esta norma como decreto ley "son falsas". "Influirá en un aumento del precio de la vivienda y destruirá puestos de trabajo. Es un disparate jurídico", ha remarcado.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha asegurado que al ser un decreto ley deja al margen la opinión del sector afectado. "Pedimos que se tramite como proyecto de ley", ha insistido, para después matizar: "Es una auténtica vergüenza que se aproveche la pandemia para justificarlo".
Campos, como portavoz de Vox en el Parlament, ha dicho que esta norma es "restrictiva" y, además, ha coincidido con el resto de grupos de la oposición en que la vía de urgencia "no responde a ninguna necesidad de los ciudadanos" de las Islas. "Si es tan urgente, ¿por qué no se hizo en la anterior legislatura?", ha preguntado.
Por último, el portavoz de El PI en la Cámara balear, Josep Melià, ha reconocido que se debe poner límites al crecimiento en Baleares, pero con una planificación en la que haya una participación pública y política. "No hay urgencia ni justificación del COVID-19. Lo coherente sería gestionarlo como proyecto de ley", ha pedido, a la vez que ha asegurado que esta normativa "parará la economía y la inversión".
