Esta nueva norma no ayuda en ninguna de estas emergencias, sino que viene a imponer la ideología más radical de unos pocos por encima del interés general y de las necesidades reales de la mayoría de sus ciudadanos ya que supone dejar sin acceso a la vivienda a más de 50.000 familias de las islas en los próximos diez años.
El Decreto-Ley que se va a convalidar previsiblemente el próximo martes día 16 de junio, no solo ha sido aprobado sin consenso, sino que va contra de un sector que da trabajo de forma directa a 55.000 familias y 15.000 más incluyendo las empresas auxiliares. Hay que remarcar que el Govern convocó la Mesa de Vivienda y ocultó sus intenciones respecto a este decreto ley y, sin embargo, como ha reconocido ahora, se reunió con varias entidades ecologistas merecedoras de “su respeto y simpatía” a los que aseguró que se pretendía evitar la reactivación económica del sector de la construcción dando así la espalda a las más de 70.000 familias que viven de ella.
Este decreto ley no facilita la vivienda asequible, sino que la encarece
Este decreto ley tiene como medida estrella la desclasificación de suelo urbanizable y urbano legalmente aprobado. Esto supone reducir el suelo previsto para construir viviendas en los próximos años y, por tanto, si hay poco suelo se encarece y su repercusión en el precio de la vivienda final se eleva.
La sociedad balear y este propio Govern han reconocido la emergencia de vivienda de precio asequible que sufren los ciudadanos de estas islas con un déficit acumulado de demanda de más de 10.000 viviendas y empeorando año tras año. Sin embargo, este DL ignora esta emergencia real apelando a emergencias climáticas de las islas que no se soportan en ningún dato real en la propia norma.
Este decreto ley no reactiva la economía de las islas, sino que la paraliza
En estos momentos en que el motor del sector turístico está prácticamente paralizado y con muchas dificultades para invertir a pesar del DL 8/2020, la sociedad balear es consciente que el sector de la construcción y promoción inmobiliaria es el que está manteniendo el pulso de la economía balear con su actividad e inversión. Pero, incompresiblemente, sin negociación ni diálogo ni buscando consensos y, además, utilizando una vía de urgencia totalmente injustificada, este Govern va a convalidar una norma que supondrá la reducción dramática e incluso la paralización de la actividad de centenares de empresas y la consiguiente pérdida de empleos directos e indirectos en el sector y en la sociedad balear.
Además, y dado el efecto transversal de la actividad de la construcción en otros sectores tales como comercio (electrodomésticos, decoración…) e industria (muebles, pintura…), las consecuencias de la aplicación de este decreto ley va a devastadora para la economía global de las islas.
Este decreto ley no dignifica el suelo rústico, sino que lo empobrece
Llama la atención que el Govern se ufane de estar promoviendo una norma proteccionista cuando, en realidad, lo único que hace es reducir la edificabilidad en suelo rústico. Esto significa que, en la práctica, se podrá seguir consumiendo territorio, pero con menores calidades y utilidades sobre el mismo.
Con este decreto ley se pretende recuperar las esencias del suelo rústico apelando a una visión utópica del sector primario muy alejado de la realidad económica de las islas. Realmente los profesionales del sector primario se van a empobrecer y a perder competitividad con esta norma y todo apunta a que el campo que se pretende dignificar se acabe abandonando de una forma mucho más abrumadora de la que ya viene experimentado en los últimos años.
Este decreto ley no evita la especulación, sino que la fomenta
No se ha llegado ni a convalidar por el Parlament y ya hemos constatado el efecto llamada de solicitud de licencias de obra que produjo la aprobación del DL 9/2020, incluso en casos realmente sorprendentes que ponen de manifiesto una gran incoherencia política.
La experiencia histórica de este tipo de normas mal llamadas “proteccionistas” y mejor dichas “prohibicionistas” siempre han atraído la subida de precios de suelo y motivado la especulación que tanto se pretende combatir.
En definitiva, nos encontramos ante un Decreto-Ley que nacerá fruto de la improvisación y con una evidente ausencia de diálogo y de voluntad de consenso. Un decreto ley que no solo no responde a las necesidades acuciantes de los ciudadanos de las Balears ni mucho menos a las graves consecuencia derivadas de la crisis del COVID-19 sino que, por el contrario, perjudica gravemente la actividad del sector de la construcción que es el único que en estos momentos puede actuar de motor de la economía de las islas. Las consecuencias de esta norma, en un futuro muy próximo, serán letales no sólo para la continuidad de las empresas y para el empleo de sus trabajadores sino para nuestro estado del bienestar que está en peligro real de colapsar.
Por todo ello, la Comisión de Construcción de CAEB ha decidido suspender su asistencia a las reuniones de la Mesa de Vivienda que convoque el Govern mientras no rectifique su política sobre territorio y vivienda, mostrando mayor empatía con los trabajadores y las familias que dependen de la actividad del sector de la construcción en Balears.
Rechazo del Govern a la propuesta de inversión privada de 2.000 millones para generar 20.000 empleos y promover vivienda asequible, entre 150.000 y 250.000 euros
Por último, la construcción lamenta que el Govern haya rechazado la propuesta del sector para movilizar 2.000 millones de euros de inversión privada con el objetivo de reactivar la economía de Balears, generando más de 20.000 puestos de trabajo y dando solución a corto plazo al problema de emergencia social provocada por la falta de vivienda digna y asequible que padecen los ciudadanos de Balears”.
Una propuesta con la que las empresas del sector ofrecen su compromiso para atraer la inversión privada para proyectos de construcción de vivienda a precio asequible, entre 150.000 y 250.000 euros, utilizando únicamente suelo urbano y urbanizable y sin consumir nuevo territorio para contribuir a resolver el grave problema estructural de emergencia social que Balears arrastra desde hace años por la falta de vivienda digna y asequible. Un ofrecimiento cuyo planteamiento solo se basa en suelo ya calificado como urbanizable y con criterios de sostenibilidad, de economía circular y de mejora de nuestro entorno para que Balears sea ejemplo de respeto y mejora del medio ambiente.
