El aumento del peso poblacional era una reivindicación de algunas regiones ya que inicialmente se había previsto que uno de los criterios de mas peso en el reparto de ese dinero fueran los gastos en los que se había incurrido para atender las necesidades sanitarias de la pandemia.
Así y según fuentes autonómicas, el presidente les ha comunicado que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios; 2.000 millones para un fondo de Educación y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. Pero de estos últimos, 800 millones irían a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.
En cuanto al fondo para Sanidad, habría un primer tramo de 6.000 millones de tal forma que la población protegida equivalente pasa de pesar un 20 por ciento a un 35 por ciento, y en el segundo de 3.000 millones, el peso poblacional pasaría del 40 por ciento al 45 por ciento.
El fondo sanitario será de 2.000 millones y surgen de una reorganización de la propuesta inicial de reparto del fondo no reembolsable. Así, se aportan a ese fondo 1.000 millones que originalmente se iban a destinar a Sanidad y otros 1.000 millones del fondo social que también estaba previsto.
El reparto de este nuevo fondo para Educación será así: el 80 por ciento según la población de 0-16 años y el 20 por ciento, de 16 a 24 años.
Con esta nueva propuesta, el reparto quedaría de la siguiente forma: los 9.000 millones para Sanidad se pagarían en dos tramos, uno de 6.000 millones a repartir en julio y los 3.000 millones restantes, se repartirían en noviembre; los 2.000 millones para Educación se transferirían en septiembre y los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, a partir de diciembre.
El planteamiento de reparto original que realizó el Gobierno para este fondo era distintos y contemplaba 10.000 millones para Sanidad en dos tramos, uno de 6.000 millones y otro de 4.000; 1.000 millones para un fondo social y otros 5.000 millones para la caída de ingresos por la menor actividad económica.
Y para esos 6.000 millones iniciales planteaba que los ingresos en UCI que había registrado cada autonomía pesarían el 35 por ciento y los hospitalizados, otro 25 por ciento. Es decir, el 60 por ciento en total, mientras que los casos de Covid-19 confirmados por PCR significarían un 20 por ciento y el otro 20 por ciento restante, el dato de población. Hacienda aceptó que los PCR realizados que iban a contar no fueran solamente los que hubieran dado positivo, sino los que se hubieran realizado.
En cuanto al segundo tramo sanitario que se preveía de 4.000 millones, Hacienda propuso que la población sería el criterio que tuviera más relevancia y pesara el 40 por ciento; los ingresos en UCI, un 30 por ciento; las hospitalizaciones supondrían un 20 por ciento y los positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento restante.
Sin embargo, fuentes autonómicas consultadas por Europa Press aseguran que los nuevos criterios de reparto favorecerán que tenga más peso el criterio poblacional.
