Estas últimas semanas, los ciudadanos de las Islas Baleares estamos siendo testigos de una catarata improvisada de normativas y disposiciones urgentes para solucionar los efectos que la pandemia del COVID-19 está provocando a nivel sanitario, social y económico.
La última norma (de momento) se aprobó el pasado viernes por el Govern: “Decret-LLei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinaries per a l’ impuls de l’activitat económica i la simplificació administrativa en l’ àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears per pal.liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19”. Este documento constituye un conglomerado de disposiciones dirigidas a multitud de sectores económicos de una forma bastante dispersa y poco interrelacionadas entre sí, sin compromisos económicos y de inversión concretos que garanticen los objetivos de paliar la enorme crisis económica y social que se vislumbra a corto plazo.
Falta de participación y consenso: el sector construcción, sujeto pasivo.
A pesar de la extensión del documento y de los objetivos propuestos en él, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares lamenta que no haya ninguna disposición dirigida a la actividad promotora inmobiliaria, pero no sorprende dada su nula participación en el consenso publicitado por el Govern en el mencionado Decret-Llei. Pero esta indiferencia hacia las empresas de nuestro sector no es lo más grave. Es todavía más decepcionante constatar que, en las medidas supuestamente propuestas para la reactivación económica, de simplificación administrativa y de apoyo social (Sección 2ª), el sector de la construcción juega un papel pasivo a remolque de la iniciativa privada o pública en otros sectores (turístico, náutico o de juego) que sí pueden verse impulsados con estas medidas fruto del consenso con el Govern. Y con ello, no queremos dejar de manifestar nuestro apoyo y colaboración con estos sectores para que impulsen su actividad con estas medidas.
Sin embargo, resulta contradictorio que estas medidas que son positivas para estos sectores no lo sean para el nuestro. Así, el régimen excepcional de la declaración responsable NO será aplicable a las obras de nueva planta, lo que implica que se perjudique gravemente la construcción de vivienda asequible (inviable económicamente en reformas y rehabilitaciones si no va acompañada de ayudas o subsidios no contemplados en esta norma). Así el incremento de superficie edificada en un 15% tampoco se permitirá para la reforma o rehabilitación de edificios para la construcción de VPO. Y no sólo no se excluye nuestra actividad, sino que se la limita, por ejemplo, al suspender el alquiler turístico en las viviendas unifamiliares que se promuevan en Palma… ¿Es esta una medida de impulso económico? ¿de quién o para quién?...
Improvisación en las medidas de agilización administrativa
En cuanto a las medidas de agilización administrativa, hemos de felicitarnos. Al fin, nuestros gobernantes reconocen y constatan que son necesarias medidas de rango legal para clarificar y simplificar las obligaciones que la normativa vigente (que ellos mismos han creado) impone a las administraciones públicas de las Islas Baleares. Sin embargo, la dicha es corta cuando no contemplamos ningún avance general, sino más bien actuaciones muy determinadas que responden más bien a intereses de la propia administración que a los intereses de los administrados.
El Govern ignora Plan de Impulso del sector
Es una pena que un documento normativo tan extenso no haya hecho ninguna consideración al Plan de Impulso Económico y Modernización propuesto por la Comisión de Construcción de CAEB en la Mesa de Vivienda del Govern del pasado 7 de mayo. En él, el sector de la construcción se postulaba como un sujeto activo de la reactivación económica a corto plazo de las Islas Baleares, con una apuesta de inversión privada de más de 2.000 millones de euros para el desarrollo de más de 10.000 viviendas en suelo urbanizable (es decir, SIN CONSUMO DE TERRITORIO) a precio asequible (entre 150.000 y 250.000 €), que suponía la creación de más de 20.000 puestos de trabajo reales. Pero, para ello era imprescindible la colaboración del Govern con la aprobación de un marco normativo muy similar al que ha aprobado ahora. Pero, por desgracia, se ha destinado exclusivamente a otros sectores. Lamentamos ser excluidos del ámbito de aplicación de este decreto no sólo por habernos impedido reactivar la economía balear, sino por haber cercenado la posibilidad real de solventar la emergencia de vivienda asequible que ya tenemos aquí y que se va a acentuar en los próximos años.
