"como es sabido, este próximo martes el sector de la construcción debe volver a desarrollar su actividad y así lo vamos a hacer por un ejercicio de responsabilidad empresarial, para dar fuelle a la economía de Balears, pero también por la necesidad de afrontar el pago de nóminas, impuestos y cargas fiscales que nos imponen las administraciones".
En este sentido, Carreras señala que "consideramos que no están poniendo de su parte todo lo posible para apoyar a las empresas en materia laboral y fiscal y está faltando la agilidad necesaria administrativa, y, de forma especial en los ayuntamientos y Consells, para contribuir a dinamizar la actividad en nuestro sector·.
Carreras ha señalado que "el sector de la construcción asume el reinicio de la actividad bajo el cumplimiento de unos protocolos de seguridad sanitaria consensuados entre el Govern y el sector representado por la Comisión de Construcción de CAEB, que aglutina a constructores, promotores y empresas auxiliares".
El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB ha hecho hincapié en que "las empresas queremos cumplir los protocolos, y para ello vamos a hacer todo lo que en nuestra mano para tenerlos disponibles lo antes posible a partir del martes".
Carreras explica además que "sin embargo, es importante aclarar que las medidas del protocolo de construcción establecen la necesidad de mantener una distancia de dos metros entre trabajadores y solo en el caso de que sea materialmente imposible garantizar esta distancia se deberá hacer uso de mascarillas".
El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB alude a que, según refleja en su redactado el protocolo de las 'Medidas preventivas para el sector de la construcción en relación con la alerta del COVID-19 (SARS-*CoV-2)', publicado por el Govern este sábado, y en concreto en los puntos octavo y noveno del apartado de 'Medidas preventivas sanitarias para las empresas', no es obligatorio el uso generalizado de mascarillas en el sector de la construcción.
"Para nosotros, como empresarios, es una prioridad la salud de nuestros trabajadores, pero entendemos que estamos ante una situación que, tal como reconoce de forma explícita el Gobierno de la nación, es un problema de salud pública, y no de salud laboral, como lo demuestra el hecho de que la autoridad competente es el Ministerio de Sanidad", añade Carreras.
Por eso, el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB sostiene que "consideramos que, si estamos ante una crisis de salud pública, los empresarios no podemos cargar con la responsabilidad más allá del cumplimento de nuestras obligaciones en materia de prevención de riesgos en el ámbito laboral".
En este sentido, añade que "el virus COVID-19 no forma parte de los riesgos de salud laboral propios de una obra, sino que constituye un problema de salud pública, tal como, insisto, reconoce el Gobierno de España y, por ello entendemos que es el Estado el que debe garantizar la salud pública de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores del sector de la construcción.
Por lo tanto, finaliza el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB "nos encontramos en la situación de que nosotros, como empresarios, queremos ofrecer a nuestros trabajadores todas las medidas de protección posibles, sin embargo, entendemos que son los gobiernos competentes los que deben garantizar su suministro y no descargar esta responsabilidad en las empresas porque, insistimos: estamos ante una crisis de salud pública que se ha convertido en una crisis laboral y económica que ya perjudica y de forma dramática, a cientos de empresas y a miles de trabajadores".
