También podría ver la luz un aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19.
La moratoria de cotizaciones se estudiará en el Consejo de Ministros de este martes y podría aprobarse incluso con carácter de urgencia, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales, que apuntan que se están estudiando diversas medidas para mitigar el impacto del Covid-19.
El aplazamiento de cuotas ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ahora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encarga de su articulación.
Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, que habían enviado una carta conjunta al Gobierno reclamando la medida, han celebrado la decisión. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado en un tuit a los autónomos que se han sumado a la petición de aplazar cuotas, al ser "muy coherente" porque "sin ingresos no se puede pagar las cuotas", aunque ha dicho temer que la cuota de marzo se cobrará.
Asimismo, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha celebrado la decisión en otro mensaje que "solo la negociación, el diálogo y el trabajo son capaces de cambiar las cosas", al tiempo que la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha subrayado que "será un gran alivio para los trabajadores autónomos, conquistado gracias a su empeño".
El Gobierno ya estableció hace dos semanas una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que pueden acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Dicha prestación es incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social y tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, con una duración de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.
Además, el tiempo de su percepción se entiende como cotizado y no reduce los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus, que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven "insuficiente".
La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Por su parte, la propuesta del ingreso mínimo vital, consensuada en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y en cuyo diseño trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no irá en principio en el Consejo de Ministros de este martes.
Esta prestación extraordinaria podría ver la luz también en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se aprobará un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
El plan incluye una línea de 'microcréditos' avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.
Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más. Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO.
La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.
Asimismo, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma.
El plan del Gobierno para el alquiler contempla también el supuesto de aquellas personas que no sólo estén afectadas por la crisis, sino que se encuentren en situación "ruinosa". En estos casos, se habilitará parte de los fondos del Plan Vivienda.
Distintos colectivos habían reclamado las ayudas para el alquiler, que se suma a la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual destinada a deudores en situación de vulnerabilidad económica aprobada el pasado 17 de marzo para un mes, en función del estado de alarma, junto a la prohibición del corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a los más vulnerables.
Igualmente, las nuevas medidas de este martes se suman a las ya implementadas por el Gobierno, con el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y otras que movilizaron 18.225 millones, y posteriormente el paquete que movilizará hasta 200.000 millones, junto a la moratoria hipotecaria de un mes, entre otras.
