En el encuentro virtual han estado presentes, además del presidente de ABSI, Toni Gayà, y de la abogada de la asociación, Tania Siquier, representantes de los APIS, la Asociación de Expertos Inmobiliarios, ABINI y API Ibiza. Por parte del Govern, el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, y Marc Pons, conseller de Movilidad y Vivienda.
Desde ABSI hemos expuesto unas líneas muy claras de actuación dirigidas especialmente al ámbito laboral, como facilitar la tramitación de ERTES por causa mayor, ayudas en materia de alquiler, tanto para el arrendador como para el arrendatario, y la exención o reducción y beneficios fiscales en materia de ITP, impuestos de transmisión patrimoniales, actos jurídicos documentados y el IVA así como ayudas fiscales a autónomos para garantizar la permanencia de la pequeña y mediana empresa y de las agencias inmobiliarias en general. Todas estas propuestas han sido apoyadas por el resto de asociaciones presentes en la reunión.
Por su parte, el conseller Pons, ha explicado las directrices generales que ha recibido el Govern y que se han aprobado hoy en Consejo de Ministros relativas a la actividad inmobiliaria de alquiler de viviendas.
Además de ello, el Govern ha hecho referencia a la petición de bonificación de los autónomos, microcréditos, moratorias de hipotecas y unas posibles medidas que se van a adoptar “aunque de momento no nos ha podido avanzar más ya que es competencia del Gobierno Central” ha apuntado el presidente de ABSI, Toni Gayà.
Desde todas las entidades inmobiliarias presentes en la reunión hemos pedido al Govern que se adopten medidas para dar mayor seguridad jurídica en aspectos tales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo la existencia por causa de Fuerza Mayor. En este sentido, hemos reiterado la necesidad de que se permita la fuerza mayor como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo o las reducciones de jornada de nuestras empresas, tal y como está dispuesto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “porque es más acorde a nuestra realidad laboral, por la imposibilidad de realizar nuestras actividades laborales, de cara al público, ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID19. Nosotros, desde ABSI, abogamos por acciones y actitudes seguras para no contagiar y contribuir con la erradicación de la pandemia, aunque no por ello dejamos de reclamar un apoyo público de nuestro sector” ha incidido Gayà.
