La reunión, celebrada de forma telemática, ha estado presidida por el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y han asistido por parte de la Administración General del Estado la directora general de Función Pública, Isabel Borrel, el director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, Juan José Hererra, y Violeta Tomás, representante de la Secretaría General de Coordinación Territorial.
En representación de las comunidades autónomas han asistido los directores generales de Función Pública de todas las comunidades autónomas, así como representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Medidas frente al coronavirus
Se ha hecho balance en la reunión de las medidas adoptadas frente al COVID-19, en materia de función pública, como la organización de fórmulas de trabajo no presencial, para que solo presencialmente trabaje durante el estado de alarma el personal imprescindible. Todos los representantes han coincidido en destacar el buen funcionamiento que está registrando el trabajo no presencial sin incidencias destacadas en el normal funcionamiento de las tres administraciones y en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, los representantes estatales, autonómicos y locales han realizado un balance satisfactorio del refuerzo llevado a cabo en materia de personal en las áreas críticas para la protección de los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria, así como de la reasignación de efectivos o flexibilización de jornadas. También han mostrado unanimidad a la hora de apoyar, en caso de que se tuvieran que adoptar, futuras medidas legales para garantizar la prestación de los servicios públicos y respaldar a los colectivos que más lo necesitan.
Estabilización del empleo público
Por otro lado, la Comisión de Coordinación de Empleo Público ha valorado la sentencia del 19 de marzo pasado del TJUE sobre personal contratado con carácter temporal. Los representantes de las tres administraciones públicas han coincidido en la necesidad de estudiar y alcanzar acuerdos que pongan fin al uso abusivo de esta figura y que se reduzca el número de contratos temporales a los estrictamente necesarios.
Con este objetivo, la Comisión seguirá trabajando conjuntamente, con el apoyo de las tres administraciones, celebrando nuevas reuniones y adoptando las decisiones que sean necesarias para desarrollar y seguir poniendo en marcha, cuando el estado de alarma finalice, los procesos de estabilización necesarios en el empleo público.
