Se trata de medidas de seguridad tanto para el personal sanitario como para todos aquellos que siguen al pie del cañón haciendo posible que los servicios básicos y los suministros estén asegurados. Es el caso de los supermercados y tiendas de comestibles, entre otros.
En Mallorca, sin ir más lejos, ya se están registrando casos de graves contradicciones que podrían tener nefastas consecuencias para la sociedad. Por un lado, los supermercados están adquiriendo dicho material de seguridad (guantes, mascarillas, hidrogeles…) para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en todos sus empleados.
Una vez adquiridos y almacenados para su posterior uso, son requisados por el estado. De hecho, no son pocos los medios nacionales que se están haciendo eco de la polémica generada al destaparse que Interior ha ordenado a la Policía ocultar los datos de la incautación de mascarillas.
Tal y como señala OKDIARIO, no se sabe cuál es el destino final del material requisado. La realidad es que, los supermercados mallorquines, una vez despojados de su material de seguridad reciben la visita de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los cuales informan de posibles sanciones si no se cumple el protocolo de seguridad.
Un protocolo, exigido por el estado, que no puede cumplirse pues el propio estado es quien ha requisado el material para ejecutarlo.
La incomodidad entre los responsables de los supermercados mallorquines que ya han sufrido dichas contradicciones va en aumento, pues la ineficiencia de la administración es esperpéntica en este aspecto.
