Así lo ha expresado en una rueda de prensa tras el Consell de Govern, donde recordado que la situación ha cambiado "absolutamente" no sólo para Baleares, sino para toda España y el resto del mundo.
La consellera ha precisado que ya hay "grupos de trabajo activados" para analizar estas cuestiones y ha insistido en que la prioridad es "proteger a las personas".
En este sentido, Sánchez ha informado de que el Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley con medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos.
Entre otros puntos, el decreto garantiza los empleos y salarios de los trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios a la Comunidad Autónoma.
Durante el periodo de suspensión, la Administración cubrirá igualmente los gastos salariales aunque esté impedida la prestación, así como otros costes que se produzcan -como mantenimiento de equipos o instalaciones-. La posible suspensión de los contratos públicos en estos casos no implica que éstos queden resueltos.
Por otro lado, el decreto extiende esta cobertura a los conciertos sociales. Para garantizar que se sigan abonando en situaciones excepcionales como la actual, se modifica la Ley de servicios a las personas para que se apliquen las mismas condiciones que los contratos en casos de emergencias.
Paralelamente, en el periodo de estado de alarma se simplifican una serie de trámites administrativos para acceder a prestaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de la renta social garantizada, la renta mínima de inserción o ayudas de emergencia municipales, bastará con el informe social de los facultativos pertinentes. También se ha previsto que las personas que ya hayan sido valoradas para acceder a las prestaciones de dependencia en tengan suficiente con el informe PIA del trabajador social.
El Decreto ley también amplía el alcance de la renta mínima de inserción, de manera que será aplicable a las personas en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia del Covid-19.
Igualmente, el decreto garantiza el mantenimiento de los conciertos educativos vigentes, y establece que los módulos relativos al personal docente y a otros gastos se continuarán financiando íntegramente mientras se mantenga el estado de alarma.
En cuanto a las subvenciones, el órgano que las otorgue podrá dar las instrucciones necesarias para evitar que la situación creada por el coronavirus provoque perjuicios graves a los beneficiarios: por ejemplo, si resulta imposible llegar a los plazos previstos de un proyecto subvencionado, no se considerarán un incumplimiento para que no se pierda la ayuda.
El decreto también introduce medidas urgentes para simplificar y agilizar las contrataciones y los procedimientos administrativos, y establece medidas en materia presupuestaria para agilizar y ordenar la financiación de las actuaciones que se tengan que llevar a cabo.
Así, la consellera de Hacienda podrá habilitar créditos que se imputarán a un nuevo programa presupuestario de gasto.
Con relación a las tramitaciones en materia de contratación pública, se incorpora el acuerdo por el que se agiliza la tramitación de los contratos de la Administración.
En cuanto a los procedimientos administrativos, se simplifican y se dejan sin efecto las posibles suspensiones de plazos administrativos de estos procedimientos, mediante resolución motivada, en los casos en que la suspensión o paralización puedan causar perjuicios graves a los interesados.
Por otra parte, a petición del área de Medio Ambiente, se incorpora la infección por Covid-19 en la ordenación de la gestión de los residuos sanitarios en Balears.
