Algunas de las medidas demandadas por los empresarios, como la flexibilización de los ERTE y la consideración de la pandemia como motivo justificativo de la fuerza mayor en las medidas de suspensión o reducción de jornada de los trabajadores, así como las exoneraciones de cotización a la Seguridad Social en estas situaciones, es una buena medida de impacto inmediato para reducir los costes de las empresas que han frenado drásticamente su actividad.
Sin duda estas medidas favorecerán la situación vulnerable de los trabajadores y garantizan la cobertura social necesaria en esta situación no deseada por ningún agente, no computándoles la prestación por desempleo para situaciones de no ocupación futuras y garantizando el acceso a la prestación, aun cuando no les correspondiera.
Otras medidas como la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos genera algunas dudas en cuanto a si todos aquellos que paralicen su actividad tendrán acceso y si las pérdidas alcanzarán la posibilidad de aplicar la moratoria de deuda hipotecaria.
Las medidas de liquidez y financiación son también un apoyo importante aunque necesitarán un estudio más detallado y la concreción de las condiciones crediticias y de los avales, así como de los sectores que pueden acceder para comprobar su eficacia. Estas medidas deberían concretarse en la reducción del coste de financiación a cero, para cubrir esta contingencia y asegurar pagos pendientes de las empresas.
Esta consideración es relevante para evitar una cadena de impagos entre empresas que puede causar un grave perjuicio a la economía con la pérdida de tejido empresarial a medio plazo.
PIME Menorca, considera necesaria la aprobación de otras medidas de carácter local y autonómico, con el objetivo de reducción de gastos de las empresas y propiciar el mantenimiento del tejido empresarial.
La Federació propuso, en un primer borrador, el pasado sábado al Govern Balear y al Consell Insular de Menorca, una serie de medidas a adoptar por las Administraciones que van desde reducciones impositivas en la cuota autonómica del IRPF y en los tributos municipales, el establecimiento de microcréditos , bonificación en cánones de concesiones y autorizaciones administrativas y abono urgente de todas las ayudas concedidas y agilización de todas las solicitadas en trámite, entre otras.
