La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP), en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, ha tomado este jueves la decisión de ampliar a todos los centros penitenciarios las medidas adoptadas el pasado martes para contener el coronavirus COVID-19 y que afectaban a las prisiones de Madrid, Álava, Logroño, Ocaña, Burgos y Dueñas.

La decisión, que llega tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla las siguientes disposiciones:

• La suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. Solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal.
• Letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.
• Solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados, etc…
• En cuanto a la actividad docente se estará a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.
• Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.
• Se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano.

Estas decisiones no implican la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos.

Los penados en tercer grado, residentes en los Centros de Inserción Social o secciones abiertas de los centros penitenciarios, continuarán con su régimen de semilibertad.

DOS ÚNICOS POSITIVOS EN PRISIÓN

El objetivo de todas estas medidas es proteger la salud de todos los empleados penitenciarios así como la de los internos e internas - considerados colectivo vulnerable- que están recibiendo con comprensión las explicaciones de los funcionarios.

Hasta la fecha solo se hayan registrado dos positivos por coronavirus en las prisiones de la Administración General del Estado: el de una trabajadora de Madrid VI y el de un interno del CP de Álava.

Se mantienen las medidas de carácter sanitario ante un positivo o un caso de sospecha, que se decretaron el pasado 4 de febrero, antes de la llegada del COVID-19 a España. Entre ellas:

• El aislamiento en celda individual mientras se da traslado del caso a la autoridad sanitaria para su evaluación y la toma de medidas.
• La comunicación inmediata a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente si se decreta la libertad de un caso confirmado o de sospecha.

También se siguen actualizando las recomendaciones del CCAES para la protección del personal sanitario, funcionario y laboral, tales como extremar la higiene personal o el uso de Equipos de Protección Individual  (EPI´s) en el contacto con casos positivos o sospechosos.

Se está incrementando la dotación de estos equipos en los centros penitenciarios, que ya cuentan con material para hacer frente a un eventual aumento de los casos: más de 90.000 mascarillas quirúrgicas, casi 13.000 FFP2, cerca de 2.500 mascarillas FFP3, más de 2000 batas resistentes a líquidos y un millar de protecciones oculares.

También se está reforzando la instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en los diferentes departamentos, en especial en los departamentos de comunicaciones.

Los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de zona permanecen a disposición de las direcciones de los establecimientos penitenciarios para asesoramiento en caso de cualquier incidencia.