Así lo han anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Vivienda, Marc Pons, tras la reunión de la Mesa. Desde el Govern han explicado que estas medidas pretenden facilitar la construcción de viviendas de titularidad pública y poner al alcance de la ciudadanía vivienda "asequible". Además, esperan que esto, a su vez, ayude a contener los precios en el mercado de vivienda libre.
Armengol ha defendido el fomento de la colaboración público-privada y la necesidad de aumentar el parque de viviendas. Además, ha advertido de que hay sectores de la ciudadanía "en una situación compleja", porque no reúnen las condiciones para acogerse a ayudas pero tampoco pueden acceder a los precios de mercado actuales.
Por su parte, Pons ha avanzado que se trata de "25 primeras medidas, pero no las últimas" y ha insistido en que la respuesta al problema de al vivienda "debe partir de la mejor gestión del suelo urbano", sin utilizar el rústico.
Entre otras medidas, el Govern sacará a concurso cesiones temporales de suelo público para que promotores privados edifiquen viviendas que se destinen a alquiler asequible.
La cesión será por un máximo de 75 años, y la renta tendrá un precio fijado por el Ejecutivo. El alquiler no tendrá que ser obligatoriamente mensual, sino que podrá pactarse por un plazo más largo. El Govern espera haber confeccionado el primer pliego de condiciones para finales de año.
Preguntado por las críticas de Podemos a esta acción en particular, Pons ha expresado su voluntad de que la medida tenga el apoyo de todos los partidos del Govern y ha asegurado que las "grandes líneas" están "habladas" entre los socios del 'Pacte', aunque "cualquier duda que haya podido surgir" se irá "resolviendo".
El conseller ha argumentado que esta vía de actuación es una forma de implicar al sector privado en la construcción de viviendas protegidas y también ha apuntado que en la Mesa no se ha cuestionado ninguna de estas medidas.
Otra de las medidas más novedosas es la ampliación del derecho de tanteo y retracto del Govern. Podrá ejercerlo en suelo de VPO y edificios enteros, e intervenir en operaciones entre grandes propietarios.
El Ejecutivo tendrá derecho a adquirir preferentemente edificios que se vendan a un solo comprador, si en el bloque hay una vivienda en alquiler. También podrá ejercer el tanteo y retracto en los suelos o promociones de bancos que vayan a ser vendidas a fondos de inversión o a sus sociedades inmobiliarias.
El paquete de medidas acordado en la Mesa, por otro lado, introduce mecanismos de control a los grandes propietarios y un aumento de las sanciones a aquellos que no cedan sus inmuebles vacíos según marca la Ley de Vivienda, ya que se sancionará por cada vivienda no comunicada.
Por otra parte, se articularán mecanismos para agilizar la concesión de licencias para construir viviendas de protección oficial. Una de estas vías es la firma de convenios con colegios profesionales para que éstos puedan encargarse de elaborar los informes de idoneidad de proyectos. Así, descargarán trabajo de los departamentos de urbanismo municipales.
El presidente del Colegio de Aparejadores, Daniel Tur, ha expresado su satisfacción por la inclusión de esta propuesta, ya que los plazos actualmente "están en unas cifras que no son asumibles": en concreto, 18 meses de media, para nuevas construcciones y reformas.
Otra vía para agilizar la tramitación administrativa es que determinados proyectos puedan aprobarse en el Consell de Govern. El Ejecutivo también clarificará en qué casos hay que recabar un informe de recursos hídricos, ya que "se estaban pidiendo informes que no eran necesarios", y permitirá que el promotor lo solicite directamente, sin esperar a que lo haga el ayuntamiento.
También se prevén cambios urbanísticos para que se puedan construir viviendas dotacionales -destinadas a colectivos vulnerables concretos- en suelo de equipamientos; y para construir VPO a partir de edificaciones inacabadas en suelo urbano con licencia caducada.
En el aspecto social, también se reservarán viviendas del Ibavi para servicios sociales, y se creará una mesa interinstitucional para abordar casos de extrema urgencia.
Otras medidas recogidas en el paquete acordado este lunes son un decreto para regular el sector inmobiliario y combatir el intrusismo, y otros decretos que desplieguen la Ley de Vivienda; el incremento de las ayudas al alquiler, ya previsto para este 2020; y el monitor de la vivienda presentado la semana pasada.
También recoge el Plan de Inversión en Construcción de Vivienda Pública, con 40 millones para la construcción de VPO. Armengol ha recordado que este año habrá casi 600 VPO en construcción o licitación y ha señalado que la cantidad de viviendas de las que disponía el Ibavi al inicio de la legislatura era "irrisoria" para dar respuesta a la demanda.
