La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, ha explicado que hasta ahora se aplicaba un reglamento interno. Sin embargo, este decreto es "una fórmula más trabajada" para que los centros de medidas privativas tengan "una normativa legal".
"Con él se establece que, a partir de ahora, los futuros ejecutivos tendrán que modificar el decreto si quieren cambiar algo del reglamento", ha especificado. Además, a preguntas de los periodistas, Costa ha desligado este decreto del funcionamiento de los centros de menores tutelados.
El decreto establece, entre otras cosas, cómo tienen que funcionar los centros y qué organización tienen que tener; qué significa un centro cerrado, abierto o semiabierto; cuáles son las características qué tiene que tener; cómo hay que acoger al menor que entra en el centro; qué derechos tiene este menor y cómo se le deben notificar estos derechos; o qué documentos tienen que tener todos estos centros.
Para elaborarlo, la consellera ha explicado que han sido "necesarios tres años de trabajo". "Ahora la comunidad tiene, por primera vez, un decreto que marca a los gobiernos las pautas que tendrán que seguir a la hora de gestionar los centros socioeducativos del sistema de justicia juvenil", ha afirmado.
Por último, ha dicho que la voluntad del Govern con esta nueva normativa es que los centros para menores judicializados funcionen "mejor y, sobre todo, que haya más seguridad" para los trabajadores y los internos.
