Sin embargo, estas condiciones "impuestas por el Gobierno estadounidense no resultan asumibles por la compañía" y alega que su cumplimiento es contrario a la normativa europea -conocida como Estatuto de Bloqueo- que considera que "la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional".
Siguiendo esta normativa comunitaria, Meliá ha trasladado a las instituciones españoles y autoridades comunitarias la resolución de esta cuestión, "confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución".
La compañía señala que la Administración estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales de Meliá mantienen con entidades públicas cubanas.
En concreto, se refiere a la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados, "a entender" de dicha Administración", en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años 50.
Esta familia ya interpuso en España una demanda contra Meliá por estos hechos, aunque fue desestimada por los tribunales en primera instancia.
Meliá es la única empresa española cuyo máximo ejecutivo ha recibido una notificación de que no será admitido en Estados Unidos en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses el derecho a demandar en Estados Unidos a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas, pero todos los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula hasta que se levantó el pasado 2 de mayo.
No obstante, la hotelera ha reiterado su "respeto y confianza en la implicación e impulso" hacia una solución "positiva" por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales. Además, ha insistido en la "lealtad, legalidad y responsabilidad" con la que sus filiales "han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba".
Por tanto, ha manifestado que espera que la controversia producida por la activación de la Ley Helms Burton sea "resuelta de manera favorable" a los intereses del grupo".
Las fuentes de Exteriores han señalado que el caso de Meliá y Escarrer no ha formado parte de la conversación que han mantenido este miércoles por la mañana la ministra, Arancha González Laya, y el embajador de Estados Unidos, Duke Buchan. Este encuentro era para una primera toma de contacto pero el viernes la ministra hablará con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.
Además, han recordado que tanto el Gobierno español como la UE y otros Estados europeos han rechazado la activación de los títulos III y IV ley Helms-Burton, que permite a Estados Unidos tomar medidas contra las empresas extranjeras que, por sus negocios en Cuba, sean denunciadas por "traficar" con bienes expropiados por la revolución cubana.
La ley, han señalado, no se dirige solo a España o a empresas españolas. En virtud del título III de esta ley han sido denunciadas ante tribunales estadounidenses, o amenazadas con denuncias, cerca de 60 empresas, entre ellas varias españolas como Meliá, NH o BBVA -Iberia, Iberostar o Air Europa están advertidas salvo que alcancen un acuerdo-, según el recuento del Consejo de Comercio UE-Cuba.
Así, para hacer frente a sus efectos están trabajando conjuntamente varios Ministerios -fundamentalmente Exteriores y Comercio- y varios Gobiernos, así como la Comisión Europea.
