En su intervención, Negueruela ha destacado que aunque la norma pueda "generar dificultades" o "perjuicios" en algún momento puntual, "incluso en el próximo verano", se debe contemplar con "mirada larga". Ante esto, ha dicho que cuando acabe la temporada, no le importa hacer un "debate amplio" pero ha pedido un "voto de confianza para que no tenga que aplicarse como proyecto de ley". "Nos comprometemos a revisar si al finalizar la temporada, entre todos, creemos que se tiene que revisar", ha avanzado.
El conseller socialista ha descartado que la norma vaya a crear "inseguridad jurídica" y ha dicho que se respetarán los contratos firmados este año, pero ha destacado, eso sí, que la ley se debe aplicar.
Todos los grupos parlamentarios, salvo VOX, han votado a favor de la ratificación de este decreto. A pesar de esto, PP, Cs y El PI han reivindicado que la iniciativa debería tramitarse mediante un proyecto de ley para poder incorporar propuestas consensuadas y otorgar seguridad jurídica a la normativa.
Finalmente, la validación del decreto se ha saldado con 54 votos a favor (PSIB, MÉS, Unidas Podemos, Gent per Formentera, PP, Cs y El PI) y tres en contra (VOX). La petición de tramitación como proyecto de ley ha sido rechazada con 27 votos a favor y 30 en contra de los grupos que apoyan al Govern.
Este decreto fue aprobado el pasado 17 de enero en Consell de Govern. Posteriormente, el decreto fue publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el 23 de enero. Para el 'West End', Arenal y Magaluf, incluye la prohibición de la publicidad -incluyendo la cosificación de la mujer- que tenga como objetivo incentivar el consumo de alcohol, las excursiones etílicas ('pubcrawling').
Para todas las Islas, prohíbe las prácticas peligrosas para la vida o la integridad física, como el 'balconing'. Esto incluye la expulsión de los clientes conflictivos de los hoteles. Además cuenta con un régimen sancionador de hasta 600.000 euros, según su gravedad.
Durante el debate, la diputada del PP María Salomé Cabrera ha destacado que la iniciativa llega "tarde" y de manera "incompleta". Ha censurado también que el "punto de vista" del decreto es el de la "prohibición y la sanción" y no incluye "la mejora de la calidad en las zonas turísticas". Así, ha manifestado que puede tener "efectos colaterales perversos", como "ya ha tenido la Ley del cambio climático con los coches diésel".
Por su lado, el portavoz de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, considera que el decreto es una "operación de marketing" y ha reivindicado la necesidad de que se tramite como proyecto de ley con carácter urgente para que todo el mundo puedan presentar sus enmiendas y mejorar el texto legal de cara al año que viene.
En sustitución, para la temporada 2020, Pérez-Ribas ha propuesto que se profundice en las herramientas normativas y en los medios humanos, mejorar el control nocturno, constituir las comisiones y subcomisiones, tal como las propone el decreto, para el fomento del civismo en estas zonas.
Tras constatar que no se iba a tramitar como proyecto ley, Ribas ha preguntado acerca de qué efectivos se van a disponer, cuándo estarán disponibles y cuánta será la inversión pública en las zonas turísticas delimitadas.
La diputada de Unidas Podemos, Antonia Martín, ha reivindicado que la normativa "no puede quedar en papel mojado" y ha pedido la coordinación" entre las 'conselleries' y administraciones implicadas.
Aunque su grupo, que está dentro del Govern, ha votado a favor, Martín considera que la norma "llega tarde". También ha dicho que se debe "dotar de recursos suficientes" a los cuerpos de inspección y los de seguridad. También ha alertado del "posible efecto contagio" a las zonas cercanas no incluidas en la zonificación.
El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha dicho que el decreto es un "ejemplo de legislación pionera y valiente" pero ha dicho que la "urgencia" no debe impedir que se trate lo "importante": "Es imprescindible abrir el melón de la ley turística con un objetivo claro de apostar por la calidad y el reparto de la riqueza".
Por su lado, el diputado de El PI, Josep Melià, ha criticado que Negueruela diga que van a trabajar "todos juntos" pero tiene a la oposición de espectadores: "No les dejan cambiar ni una coma ni presentar una triste enmienda".
Asimismo, aunque la "problemática no es nueva", Melià ha dicho que percibe "cierta precipitación" en el decreto. Como ejemplo sobre esto, ha dicho que la zonificación "no está clara" o que existen lagunas mediante las que se seguirá pudiendo vender alcohol de manera masiva, bajando el precio de las bebidas.
Desde MÉS per Menorca, Josep Castells ha dado su "apoyo incondicional" ya que "ante problemas contundentes se deban dar soluciones contundentes". Además, ha aprovechado para insistir en la necesidad de crear la Policía autonómica para atajar los problemas de inseguridad ciudadana en municipios pequeños. "No costaría ni un euro ya que se crearía mediante la transferencia de los gastos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Comunidad", ha dicho.
La diputada del PSIB, Pilar Sansó, ha valorado que el decreto es "quirúrgico, concreto y centrado". Así, ha reivindicado el modelo turístico de su formación, en línea con la Agenda 2030, y que "es incompatible con el turismo de excesos".
Sansó ha destacado el "trabajo conjunto" con el sector ya que esta es una regulación "necesaria y reivindicada por ayuntamientos, empresarios y residentes" de los municipios afectados. También ha dicho que en las Islas no tienen cabida "dos modelos turísticos tan diferentes", como el de "la sostenibilidad y los excesos".
En su intervención, el portavoz parlamentario de VOX, Jorge Campos, ha manifestado que su grupo, como "la inmensa mayoría de la población mundial", está en contra del turismo de excesos pero considera que el decreto es una "chapuza, se mire como se mire".
Sobre este asunto, Campos ha mencionado, como ejemplo, el artículo 10 del decreto, que trata la creación de la comisión y la subcomisión, que según ha censurado, contarán con los mismos integrantes con lo que se crearán "duplicidades".
Además, Campos ha mencionado que el decreto va a perjudicar a muchas personas. Considera que dejará sin trabajo al 10 por ciento de los empleados afectados por "la injusta zonificación", que también "afectará a unos 60 hoteles de pequeños propietarios".
En definitiva, Campos ha recordado que, en su momento, ya dijo que en el Govern "preferían las pateras a los cruceros" y, con este decreto, considera que "prefieren los inmigrantes ilegales a los turistas".
