Previamente estaba propuesto para informar sobre el asunto en el Parlament por una petición del PSIB, que más tarde retiró los escritos y, en consecuencia, se anuló su comparecencia sin ser debatida ni votada en la Diputación Permanente.
Además del pleno del Consell en el que comparece De Juan, que se celebra a las 10.30 horas, la institución insular celebra otro pleno extraordinario, a las 13.00 horas, sobre el mismo asunto a petición de los partidos de la oposición.
De Juan es el segundo representante político que comparece por los casos de explotación sexual de menores tutelados después de que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, lo hiciera este martes en la Diputación Permanente. Santiago también habló sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros socioeducativos de menores judicializados.
Entonces, la consellera Santiago pidió "una mayor implicación de la Fiscalía y la Policía Nacional" aunque reconoció que "continuará habiendo explotación sexual infantil pero cada uno desde sus competencias tiene que hacer lo posible".
Ante estas declaraciones, desde las organizaciones sindicales policiales exigieron a la consellera que "asumiera responsabilidades y no tirara balones fuera". También aseguraron que los menores tutelados "son responsabilidad" de la Conselleria de Asuntos Sociales.
Mientras tanto, la Fiscalía Balears defendió este jueves que "todos y cada uno de los casos" relativos a presuntos abusos o agresiones sexuales, prostitución o corrupción de menores "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación".
Además solicitó a la consellera la instauración de un servicio de guardia de 24 horas por parte de la entidad pública competente en materia de protección de menores y han instado a reforzar la seguridad nocturna de los centros de protección, además del incremento de las plantillas de profesionales durante dichos turnos.
Por último, Santiago remitió una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se pide que las fugas y no regresos de menores a los centros de internamiento y acogida sean consideradas de "alto riesgo y prioritarias".
