De este modo, los Ajuntaments vuelcan sobre el Gobierno central y el Govern de les Illes todas las responsabilidades. Si un departamento, como el de recursos hídricos, dependiente de la conselleria de Medi Ambient, y del cual dependen la mayoría de las licencias de obra (sea del ámbito que sea), va atrasado en la tramitación de expedientes, también recurre a la falta de personal.
En este caso, acusa al Gobierno central y a la conselleria de Administracions Públiques, ya que cualquier nueva contratación tiene que pasar por Función Pública e ir a Comisión de Retribuciones para aprobar la ampliación de puestos de trabajo.
Muchas comisiones, mucho tecnicismo y mucha parafernalia que lo único que consigue es ralentizar los procedimientos. En este caso, hablamos de licencias de obra. Licencias necesarias para llevar a cabo una reforma o iniciar una construcción. Sin embargo, es extrapolable al resto de trámites administrativos con la administración.
Y mientras que estos procedimientos se eternizan, la economía se sigue resintiendo. Sea como sea, no nos engañemos: los mismos políticos que acusan a otras administraciones y no asumen su responsabilidad o no pretenden buscar solución, son la administración. El cambio está en sus manos, las leyes las hacen ellos. Da igual quien sea el culpable, la solución la tienen ellos.
Si la burocracia es así de lenta, es porque alguien, en algún momento, así lo decidió. Así que de la misma manera que se pone, se cambia... pero para ello es necesaria la voluntad política.
Mientras, los ciudadanos, simples mortales, no se olviden de los trimestres, IRPFs, las contribuciones, los impuestos de patrimonio, de sociedades, de sucesiones, IVAs...