Sin embargo, gobierno y oposición discrepan sobre la lectura de este dictamen jurídico: mientras el PP interpreta que la secretaria aboga por seguir adelante con el encargo, el equipo de gobierno entiende que la conclusión es extinguirlo.
El informe de la secretaria, que data del mes de octubre pero no ha dado pie todavía a ninguna actuación del Consell, señala que el primer recurso fue presentado fuera de plazo y ha de ser inadmitido. Por tanto, el levantamiento de la suspensión del contrato, acordada en febrero de 2017 y levantada en enero de 2019, ha de considerarse resuelta.
Queda por decidir, por tanto, la petición de resolución del contrato, el punto que da lugar a la interpretación antagónica entre la consellera Francesca Gomis, y el PP.
