Así lo ha indicado la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Pilar Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha insistido en que el Govern busca "preservar las oposiciones" y las plazas ya adjudicadas en el sistema público.
La sentencia, conocida hace una semana, da al Govern un plazo de 30 días hábiles para presentar recurso de casación. Actualmente, la Abogacía de la Comunidad está estudiando el contenido de la sentencia y los posibles efectos de su firmeza.
El TSJB tumbó el decreto al estimar un recurso del sindicato de funcionarios CSIF, que consideraba que la regulación discriminaba en el acceso igualitario al empleo público.
En virtud del decreto, cualquier aspirante podía ser admitido en los procesos selectivos públicos, independientemente de su nivel de catalán, y obtener una plaza con la condición de personal estatutario fijo.
Sin embargo, se introducía la obligación de acreditar el nivel requerido de catalán en un máximo de dos años tras la obtención de la plaza. El personal que no lo hiciera, aunque mantendría la plaza, perdía el derecho a participar en procedimientos de movilidad o acceder a derechos económicos de la carrera profesional.
Costa ha resaltado que la discrepancia del TSJB se centra en una cuestión formal: que la regulación debió haberse tramitado como ley y a través del Parlament, en lugar de excepcionar la ley a través de un decreto del Govern.
El TSJB también consideró que al privar a los empleados del derecho a carrera profesional el Govern incurría en nulidad y que, asimismo, la prohibición al derecho a la movilidad es "evidentemente desproporcionada".