En muchas ocasiones, el propietario duda de si vale la pena asumir determinados riesgos alquilando su vivienda.
Inmuebles ocupados ilegalmente y propietarios que deben pelear por recuperar lo que legítimamente es suyo, no contribuyen en absoluto a mejorar la percepción de aquellos que podrían contribuir con sus viviendas a paliar la escasez de vivienda.
Una escasez de oferta que, a su vez, encarece aún más el precio de los alquileres. Un círculo vicioso del que resulta extremadamente complicado salir.
Los desahucios siguen a la orden del día y no siempre son a okupas ilegales, ni a inquilinos de pisos propiedad de entidades bancarias. De hecho, este mismo jueves se ha producido otro desahucio en Palma. ¿Dónde empiezan los derechos del pequeño propietario si quiere o necesita recuperar su piso?
Para intentar parar los desahucios, el Ajuntament de Palma puso en marcha la oficina antidesahucios, donde acuden muchos de los que se ven abocados a la calle. Una oficina que debe abrirles nuevas puertas a las personas afectadas por los desahucios y encontrarles una nueva vivienda. Pero esa resulta ser la teoría, en la práctica las cosas son muy diferentes.
Precisamente, este jueves en Palma se ha producido el desahucio de Josefa Alcántara de 91 años y su hijo. Se quedan en la calle y no saben donde irán.
El legítimo propietario de la vivienda donde habitaba Josefa, un particular, hace casi 9 años que luchaba en los tribunales por recuperar su inmueble. El último lanzamiento dictaminado por un juez estaba previsto ejecutarse el pasado 11 de noviembre.
Un informe de la oficina antidesahucios del Ajuntament de Palma acreditó especial vulnerabilidad de la familia y solicitó suspender nuevamente el lanzamiento. Un lanzamiento, recordemos, dictaminado por un juez.
Así, esta pequeña victoria de la oficina de antidesahucios permitió alargar por unos meses la estancia de Josefa y su hijo en la vivienda. Pero la cruda realidad es otra, la oficina solo alargó la angustia de la familia, que finalmente ha sido desahuciada este jueves sin ninguna alternativa donde ir.
Ante este tipo de situaciones, la calle ya empieza a cuestionarse la efectividad real de la oficina municipal antidesahucios.
