El hombre sólo ha contestado a las preguntas de su defensa. La Fiscalía pide para él 30 años de cárcel y los familiares de la víctima solicitan la prisión permanente revisable.
La defensa no niega que el hombre sea el responsable de la muerte de la víctima, pero cuestiona las circunstancias y alega que el hombre actuó bajo los efectos de las drogas. Su abogado, Vicente Campaner, ya ha avanzado durante su primera intervención ante el jurado que ésa sería una de sus principales líneas de defensa.
El acusado ha señalado que tiene serios problemas de memoria. "Por ejemplo, no recuerdo ni lo que hice ayer", ha apuntado. También ha explicado que ha sido consumidor de cocaína. "Si tenía el dinero, perfectamente podía meterme ocho gramos, acabar e irme a dormir. Y al volver a tener dinero, volver a comprar", ha explicado.
En este sentido, el acusado ha admitido que pedía constantemente adelantos en el banco y dinero a amigos y familiares para comprar droga, y que incluso le quitó un objeto a su hijo -cree que fue una consola de videojuegos- para costearse el consumo de cocaína, pero ha rechazado que cometiera delitos para conseguir dinero.
Cabe resaltar que las acusaciones sostienen que el hombre cometió el crimen para robar a su suegro, y es una de las circunstancias por las que acusan por asesinato y no por homicidio, que conllevaría una pena inferior.
Igualmente, el hombre ha declarado que sus padres le llevaron al médico para intentar deshabituarle de su adicción a las drogas. También ha indicado que cuando no consumía estaba "muy depresivo" y que pensó incluso en quitarse la vida.
El hombre ha dicho estar arrepentido. "Estoy mal, no entiendo cómo ni por qué ha llegado esto aquí. Ahora tengo que arrastrar todo esto, mis padres, mi hijo, mi hija", ha expresado.
Su abogado, que plantea inicialmente una condena de nueve años de cárcel, ha avanzado que modificará su escrito de conclusiones provisionales y que al finalizar el juicio pedirá una eximente incompleta. En su escrito, la defensa reconoce que el hombre discutió con la víctima y que se enzarzaron "en un forcejeo con resultado de muerte".
La hija del hombre asesinado en Sencelles en mayo de 2017 ha asegurado este lunes, durante el juicio por este crimen, que su padre no podía defenderse de un ataque porque sufría una minusvalía fruto de un accidente de tráfico. "A mi padre no hacía falta matarlo para robarle, no hizo falta todo lo que le hizo, bastaba con que le empujara", ha declarado.
La hija de la víctima, expareja del acusado, ha comparecido como testigo en la primera sesión del juicio, que afronta un jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma. La mujer ha rechazado que su expareja tuviera un problema de adicción a la cocaína, y ha asegurado que el hombre sabía que su padre guardaba dinero en casa.
Los hechos se remontan a mayo de 2017. Según la Fiscalía el acusado se dirigió a la casa familiar de su expareja, con quien tenía una hija menor, con el objetivo de obtener dinero. En la finca se encontraba el padre, quien le abrió la puerta y le dejó entrar, pero que no quiso darle dinero.
La Fiscalía sostiene que el acusado reaccionó violentamente, golpeando a la víctima con un recipiente de cerámica y una olla y, que seguidamente, le atestó diversas puñaladas con un cuchillo hasta causarle la muerte.
Después, presuntamente, el investigado revolvió toda la casa y se apoderó de un recipiente que contenía una cantidad de desconocida de dinero y del teléfono móvil de la víctima, y se marchó.
Dado que no se discute la autoría sobre la muerte de la víctima, la prueba que se practicará a lo largo del juicio buscará convencer al Tribunal del Jurado acerca de si los hechos constituyen un delito de homicidio u otro de asesinato.
En su primera intervención, la Fiscalía ha instruido al Jurado sobre la diferencia entre estos dos delitos, puesto que las acusaciones plantean que los hechos constituirían un asesinato con alevosía, ensañamiento y para facilitar la comisión de otro delito. También imputa al acusado un delito de robo con violencia e intimidación.
En este sentido, las acusaciones sostienen que el hombre no pudo prever el ataque ni defenderse del mismo, dada la superioridad física del acusado, teniendo en cuenta que la víctima sufría una minusvalía física como consecuencia de un accidente de moto. De hecho, los abogados que representan a los padres, hija y nieta del fallecido consideran que el acusado decidió ir a la finca precisamente porque conocía la especial vulnerabilidad de la víctima, que tomaba una fuerte medicación.
Las acusaciones también entienden que el acusado sometió a su víctima a un sufrimiento innecesario, causándole lesiones que "no eran imprescindibles para acabar con su vida", y que le mató para facilitar el robo posterior.
La Fiscalía solicita una indemnización de 175.000 euros para los familiares del fallecido, así como imponer al acusado una medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años posteriores a la pena de prisión, una orden de alejamiento e inhabilitarle para el ejercicio de la patria potestad sobre la hija menor que tuvo con su expareja.
