Según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía se le imputan delitos contra el derecho de los trabajadores y de tráfico ilegal/inmigración clandestina con fines sexuales.
Tal como han explicado, la detenida de nacionalidad española, presuntamente, contactaba con las víctimas en su país de origen, principalmente Colombia. Les pagaba el viaje, así como los requisitos de entrada en el país como turistas y les ofrecía trabajo ejerciendo la prostitución en unas "condiciones beneficiosas".
La Policía explica que, en realidad, la mujer procuraba que todas careciesen de permiso de residencia y trabajo en España, "para imponer condiciones gravosas y abusivas".
Según el relato policial, las víctimas eran obligadas a permanecer un mínimo de 21 días en el piso, ejerciendo la prostitución. Debían estar disponibles 24 horas al día y se les despertadas a la llegada de un cliente, en ocasiones mediante el uso de la fuerza.
Respeto al dinero que obtenían las víctimas, muchas de ellas madres solteras con hijos en sus países de origen, la detenida se quedaba el 50%, entregando el restante 50% a las víctima cuando a la detenida le interesaba, indica la Policía.
De esta manera, según señalan, conseguía que las mujeres siempre se vieran, de alguna manera, "atadas a permanecer allí trabajando hasta que percibieran su 'salario'".
Además, las víctimas debían pagar por el alojamiento entre 25 y 30 euros diarios. Vivían en literas instaladas en una construcción ilegal de la vivienda, donde no disponían de baño y para ir al servicio, tenían que bajar dos plantas y atravesar un patio exterior de la vivienda.
