Más concretamente, según han explicado desde la Conselleria del área, el Gobierno y el Govern han llegado a un acuerdo para evitar que la Ley autonómica de cambio climático y transición energética llegue al Tribunal Constitucional (TC).
El acuerdo incluye el compromiso del Ejecutivo autonómico de suspender la disposición adicional tercera, que incluye la limitación del diésel, mientras se está a la espera de la aprobación de la ley nacional de cambio climático.
Tal como se ha establecido, la normativa nacional "deberá tener en consideración las singularidades propias" de las Islas derivadas de su condición de territorio insular. Se trata, por tanto, de "una suspensión provisional del calendario establecido para los vehículos de combustión interna".
Así pues, Yllanes ha destacado en la sesión plenaria que "se mantiene el texto de la norma, no se reclama ni la reforma ni la derogación que han motivado divergencias entre ambas administraciones". "No es una apuesta de esta comunidad, los países europeos se empiezan a dar cuenta de esta necesidad", ha dicho.
El representante del Govern ha explicado que, ante el aviso de distintos ministerios de que se podía producir una "invasión de competencias" por parte del Govern, finalmente, se ha llegado a un "acuerdo interpretativo".
Cabe recordar que la disposición adicional tercera determina que, a partir del 1 de enero de 2025, queda prohibida la circulación de motocicletas y turismos que funcionen con diesel. Asimismo, también fija el 1 de enero de 2035 como fecha de prohibición para la circulación de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones.
Salvo, en ambos casos, de aquellos vehículos a los que se apliquen excepciones por razones de servicio público o que, con anterioridad, ya estén en circulación y matriculados en Baleares.
El diputado del PP en el Parlament, Antonio Costa, ha calificado de "exagerado" el nivel de prohibicionismo del Govern y también ha criticado las "ansias de atribuirse competencias".
Asimismo, ha dicho que "prohibir" la venta de diésel en 2025 es una "medida tecnológicamente imposible" que "criminaliza" este combustible, que "ahora contamina igual que la gasolina" y que, además, "produce un perjuicio económico".
En cuanto al resto de puntos que han provocado discrepancias entre las administraciones central y autonómica, se considera que los artículos 1.2, 14.2, 20.1 y 23 de la ley "no suscitan ningún tipo de injerencia competencial". La decisión se basa en el hecho de que la norma no afecta infraestructuras, instalaciones publicas, actividades o planes, programas y proyectos de competencia estatal.
En relación con el artículo 68.3, ambas partes coinciden en que se interpretará en los términos establecidos en la legislación básica estatal.
Con todo, el acuerdo da por resueltas las divergencias surgidas entre los gobiernos central y autonómico a raíz de la aprobación de la ley balear de cambio climático.
Además, se comunicará la decisión al Tribunal Constitucional y se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
