Según han explicado en un manifiesto, la federación de vecinos no está en contra de las terrazas, sino en contra de los empresarios de restauración que de "manera perversa incumplen sistemáticamente y de manera continuada" la normativa municipal contribuyendo, según han censurado, "a crear un clima de conflicto social".
Tal como reflejan, según el Ayuntamiento, entre el 1 de enero y el 12 de septiembre, se han sancionado a 95 terrazas, se han iniciado expedientes sancionadores a otras 420, lo que representa más de un 56% sobre las 914 licencias concedidas. "Para nosotros está claro que hay que abrir una reflexión" han asegurado.
Sobre el referéndum, explican que las instituciones tienen "la obligación de preservar y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos". "Los derechos no se pueden someter a votación, son en sí mismos, incuestionables e inviolables", aseguran.
Respecto a la normativa que regula las terrazas, la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública, fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de septiembre de 2018.
La federación vecinal asegura que es producto de un consenso, alcanzado tras dos años y medio de reuniones, alrededor de la mesa de trabajo convocada por el Ayuntamiento, de la que "la patronal de restauración, se retiró antes de su finalización". "Los restauradores, más que llegar a un acuerdo, pretendían imponer sus conveniencias económicas en toda la ciudad", censuran.
