Dicho informe, además, sitúa a 38.000 personas dentro de la 'sociedad expulsada', una parte de la población a los que "no están llegando de manera eficaz los mecanismos de ayuda social" y que se preocupan "únicamente de poder sobrevivir día a día".
Así lo ha indicado el secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores, en la presentación del informe en Palma, acompañado del director de Cáritas Menorca, Gabriel Pons.
El informe también alerta de la generación de "trabajadores pobres", y de la vivienda como "factor clave de desigualdad" en la Comunidad.
En vista de los datos del informe, Flores ha alertado de que la exclusión social "se ha enquistado" en la estructura social en Baleares, de manera que a quienes la sufren "les está resultando realmente complicado ascender en la escala social".
Dentro de las 243.000 personas en exclusión social, el informe identifica un "grupo especialmente vulnerable", la población en exclusión social severa (98.000 personas), un sector que sufre paro persistente, precariedad laboral extrema, vivienda insegura inadecuada e "invisibilidad" por parte de los partidos políticos. Dentro de ese bloque el informe describe como "sociedad expulsada" a 38.000 personas.
A pesar de que la exclusión social se ha reducido en Baleares respecto a 2013 -desde la anterior edición del informe-, lo ha hecho con una intensidad menor que en el conjunto del Estado. "La bonanza económica ha impactado menos en las personas más excluidas de Baleares", ha lamentado Flores.
En concreto, 34.000 personas en Baleares han abandonado el umbral máximo de exclusión, y la 'sociedad integrada' -la que no tiene dificultades para llevar una vida digna- ha mejorado y representa un 43% de la población. Si se suman las personas en situación de 'integración precaria', supone el 89% de la población balear.
Estas cifras colocan a Baleares como la tercera Comunidad Autónoma con más exclusión de España, por detrás de Canarias y Extremadura.
En este punto, Flores ha avisado de que esta sociedad integrada "se está quebrando por la base" y hay 211.000 personas "en una situación de inseguridad importante", con un "colchón de resistencia mucho más débil que hace unos años". De este modo, serán "los primeros en incorporarse a la exclusión si se produce una nueva desaceleración económica", ha apuntado el secretario técnico de Foessa.
Al respecto, Flores ha detallado que la sociedad está "peor preparada" que en 2008 para recibir una nueva crisis, y que "en el caso de que se produjera, las consecuencias serían mucho peores". La "única esperanza", ha dicho, es que esta crisis "tarde mucho en llegar para que se generen políticas" que favorezcan que estas familias "se vayan recomponiendo".
Los datos del VIII Informe Foessa sitúan a Baleares como la región donde más ha crecido la desigualdad entre ricos y pobres, y entre las regiones europeas con mayor desigualdad en términos de renta.
La subida de la renta media generalizada en Baleares es de un 11% en la última década, pero sólo alcanza un 0,6% entre la población con menos ingresos. Según Flores, esto se debe a que la salida de la crisis se ha basado en Baleares en un "crecimiento del empleo de muy baja calidad".
El informe determina que la vivienda es un "factor clave" de la desigualdad en Baleares y una de las principales características de la exclusión social en la Comunidad. Unas 120.000 personas viven en viviendas inadecuadas: un 11,5% de la población vive en hogares insalumbres y un 4,4% en hogares con deficiencias estructurales o en estado de ruina, porcentajes que han aumentado desde 2013. Asimismo, el informe contabiliza 85.000 personas "que viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda".
Además, un 14% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza severa cuando se descuentan de sus ingresos los costes de vivienda y suministros. En este segmento de población, tras pagar estos conceptos, de media, a una persona sola le quedan 288 euros para pasar el mes, y en hogares de dos adultos y dos menores menos de 599 euros al mes.
"El acceso a la vivienda se ha convertido en un derecho inaccesible", ha denunciado Raúl Flores, que ha avisado de que esto está "afectando a los proyectos vitales de los más jóvenes".
Otro de los factores de riesgo es el paro y la calidad del empleo. El informe avisa de que la temporalidad "está generando trabajadores pobres y excluidos" en "itinerarios cíclicos de entrada y salida del mercado laboral".
El porcentaje de trabajadores en pobreza severa alcanza el 8,6%, y un 19,6% sufre exclusión. Además, el paro de larga duración triplica el porcentaje registrado en 2007 y alcanza el 24% en 2018. Los llamados trabajadores pobres, ha declarado Flores, son "personas excluidas a pesar de su esfuerzo personal, a pesar de salir a luchar todas las mañanas por sus hijos".
Como tercer factor de riesgo el informe subraya las situaciones de conflicto social -como adicciones, relaciones familiares deterioradas o maltrato-, que afectan al 13,7% de la población de Baleares. Principalmente, las relaciones conflictivas en el hogar afectan a 4.000 hogares y las adicciones a 48.000. Asimismo, el 27,8% de la población señala haber percibido algún tipo de discriminación.
Otro factor de desigualdad son el acceso a los servicios sanitarios: un 10% de la población balear ha dejado de comprar medicinas o ha detenido un tratamiento por falta de ingresos.
El secretario técnico de Foessa ha resaltado también que los datos apuntan a una "transmisión intergeneracional de la pobreza" y a un aumento del riesgo de exclusión cuando se pasan dificultades económicas en la infancia. "La exclusión se hereda. Hoy más que ayer, la familia donde naces determina tus posibilidades", ha lamentado.
El perfil mayoritario de exclusión en Baleares es el de un hogar sustentado por un hombre, español, de entre 45 y 64 años, con empleo, que reside en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Pero quienes sufren mayor riesgo son las mujeres sustentadoras, de menos de 30 años, sin estudios completos, en paro y procedentes de países extracomunitarios. También es especialmente importante en hogares con menores, monoparentales y familias numerosas.
El informe también analiza la relación entre exclusión social y participación política: si en Baleares sólo el 21% de la población general demuestra interés en política, el porcentaje baja al 6,2% entre la población excluida. Por ello, Flores ha alertado de la "pérdida de calidad de la democracia". "Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo, reduciéndose a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias", ha denunciado.
El estudio plantea la necesidad de crear "responsabilidades compartidas" entre administraciones, entidades no lucrativas, empresas y ciudadanía; repensar el modelo de prestaciones; y construcción de comunidad y tejido social.
Por su parte, a preguntas de los medios, Gabriel Pons ha reconocido que Cáritas no da abasto en Baleares para atender a las personas que piden ayuda. Después de los servicios públicos, Cáritas es la segunda vía de ayuda más solicitada entre las personas en exclusión social.
